España cuenta desde el 15 de abril con un sistema mixto para reparar a víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica. La nueva Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales**, adscrita al Ministerio de** Presidencia, nació del acuerdo alcanzado el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo. El protocolo que lo desarrolla se firmó el 30 de marzo.

Lo que hace diferente a este mecanismo es que la Iglesia asume las compensaciones, sin límite máximo, mientras que el Estado aporta la estructura institucional para tramitarlas.

Las reparaciones pueden ser económicas, simbólicas, restaurativas o espirituales, y están exentas de tributación, una demanda que las víctimas llevaban tiempo reclamando, después de que Hacienda reclamara impuestos a quienes habían recibido indemnizaciones anteriores.

Quién puede solicitar la reparación y cómo

El acceso está restringido a víctimas que no tienen vía judicial: casos prescritos o en los que el agresor ha fallecido. También deben tratarse de menores de edad o personas con discapacidad en el momento de los hechos. Pueden presentar la solicitud tanto las propias víctimas como sus representantes acreditados, a través de la sede electrónica del Ministerio de Presidencia.

Una vez recibida la solicitud, pasa a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas independientes, que elabora una propuesta de reparación. Si ambas partes, Iglesia y víctima, la aceptan, es definitiva. Si no, entra en juego una Comisión Mixta con representación de todas las instituciones. En caso de desacuerdo persistente, la última palabra la tiene el Defensor del Pueblo.

Las víctimas que ya se habían acogido al plan Priva, el sistema que la Iglesia creó en 2024, pueden pasarse al nuevo mecanismo, aunque a partir de ahora deberán elegir uno u otro.

La demanda que el plan Priva no fue capaz de absorber

El dato más llamativo del arranque de la oficina es la comparación con su antecedente. El plan Priva, puesto en marcha por la Iglesia hace un año, acumuló 89 solicitudes en doce meses. La nueva oficina estatal superó esa cifra en dos semanas: 300 peticiones desde el 15 de abril, en solo 15 días, según fuentes del Ministerio de Presidencia.

La diferencia refleja algo que las asociaciones de víctimas llevan años señalando: muchas personas no confían en que sea la propia institución señalada la que gestione y resuelva sus reclamaciones. La presencia del Estado como garante, con el Defensor del Pueblo en un papel arbitral, parece haber reducido ese freno. El mecanismo estará vigente un año, prorrogable a un segundo.

Un contexto europeo de reparaciones pendientes

España no es el único país que está intentando cerrar esta deuda. En marzo de este año, la Iglesia portuguesa anunció el pago de más de 1,6 millones de euros a 57 víctimas, cerrando un proceso de compensaciones que arrancó tras la publicación en 2023 de un informe que estimó un mínimo de 4.800 menores abusados desde 1950. En Francia, un estudio encargado por el Estado en 2021 cifraba en al menos 330.000 los casos ocurridos en las últimas siete décadas.

En España, el informe del Defensor del Pueblo encargado por el Congreso situaba el alcance del problema como uno de los más graves y sistemáticos de los registrados en Europa occidental. La nueva oficina es, en ese sentido, el primer intento real de traducir ese reconocimiento en reparaciones concretas y con respaldo institucional.