El Juzgado Federal de Campana ordenó al Gobierno nacional garantizar la continuidad de los pagos a cerca de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo, tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano de darlo de baja para reemplazarlo por un esquema de vouchers orientados a capacitación.

La decisión judicial se dio este martes en el marco de una medida cautelar que obliga al Estado a sostener las prestaciones económicas vigentes en un plazo de tres días desde la notificación y hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.

En su resolución, el tribunal consideró que la interrupción del programa sin una alternativa equivalente podría afectar derechos fundamentales de sectores en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, mencionó el acceso a condiciones dignas de trabajo, la seguridad social y un nivel de vida adecuado, así como el derecho a la salud.

El fallo también remarcó el carácter social de la asistencia brindada por el programa y advirtió que su eliminación en las condiciones planteadas podría resultar "arbitraria e irrazonable". En ese sentido, cuestionó el esquema de vouchers propuesto por el Gobierno, al señalar que no constituye una alternativa equiparable a las transferencias monetarias que recibían los beneficiarios.

Según evaluó el juzgado, la propuesta oficial no garantiza la cobertura de las necesidades básicas que eran atendidas mediante el ingreso mensual del programa, especialmente en el caso de personas que dependen de esos recursos para su subsistencia.

Asimismo, el magistrado subrayó la urgencia de la medida al advertir que la finalización de los pagos, anunciada a comienzos de abril, generaba un escenario de "peligro en la demora" que podía dejar sin ingresos a miles de personas en el corto plazo.

Por último, sostuvo que existían elementos suficientes para considerar verosímil el derecho reclamado por los demandantes y que no intervenir de manera inmediata podía tornar ilusoria la protección de esos derechos, motivo por el cual resolvió hacer lugar a la cautelar.

Ante esto, el dirigente social Eduardo Belliboni manifestó: "La Justicia acaba de darle un reves a la decisión brutal de Milei de dar de baja a 1 millón de trabajadores. Le da carácter colectivo es decir para todos. Le da 3 días para devolver. Le dice que si no cumple le va a poner multa inmediata. ¡¡¡La lucha rinde!!!". /m1.