La Justicia hizo lugar a un pedido del padre del chico, Luis Armando López, que con el patrocinio letrado del doctor Roberto Castillo presentó una ampliación de denuncia penal solicitando la inmediata imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica). La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Altamirano y González fueron arrestados en la noche de este domingo. La Justicia sostuvo que existía riesgo de fuga y ambos serán indagados el próximo martes. Se los acusa de ser coautores de homicidio agravado por el vínculo. La pena en expectativa por este delito es la prisión perpetua.

El documento presentado ante la fiscalía describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

El resultado preliminar de la autopsia resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”.

Uno de los puntos más contundentes de la presentación de la querella es la acusación contra el Juez de Familia, doctor Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.
Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).

La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia. Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada, la justicia tiene ahora en sus manos el pedido de detención para evitar que, tras el horror, llegue la impunidad. /P12.

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