El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados se alzaron en la madrugada de este jueves con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas con ambiciosos proyectos mineros. A las 2.30, la votación en general resultó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió una vez más al Congreso para ver ese momento clave desde uno de los palcos del recinto.

Junto al bloque de La Libertad Avanza votaron positivamente el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido (con la excepción del MID); los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego) y Tucumán (Osvaldo Jaldo); un puñado del interbloque Unidos, y dos integrantes de Unión por la Patria.

En tanto, el rechazo fue del grueso de UP, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y el puntano Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis.

Hubo una sola votación al final del debate, ya que previamente se había aprobado una moción del diputado Nicolás Mayoraz para que se procediera a realizar en un único acto la votación en general y en particular. El titular del bloque UP, Germán Martínez, había objetado esa moción, sugiriendo que se votara artículo por artículo, pero la moción del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales se impuso por 134 votos a favor y 117 en contra.

Empero, la decisión de hacer una única votación llevó a que los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, se abstuvieran. Lo explicó este último, que dijo que tenían previsto votar a favor en general y pedir modificar el artículo 3°; como eso no era posible, se abstuvieron entonces. También lo hizo la neuquina Karina Maureira.

El debate se extendió por más de 11 horas, con discursos -en general- en contra de la ley, con cortes para cuestiones de privilegio y homenajes. Aunque había una docena de diputados de LLA anotados en la lista de oradores, luego se bajaron, y hablaron oficialistas solo al principio y al final.

La jornada había comenzado el día anterior, a las 15.13, cuando el tablero marcó 129 presentes, con aliados aportando al quórum en lo que fue la primera sesión de la Cámara baja desde que arrancó el periodo ordinario.

Durante la tarde hubo una serie de apartamientos del reglamento que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición, que quiso incorporar temas ásperos para el Gobierno: caso Adorni, caso $LIBRA, suspensión de acreditaciones a periodistas y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.

Por su parte, en las afueras del Congreso la jornada estuvo marcada por una protesta de organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas (entre ellas, La Cámpora), en rechazo a la ley. Como escena repetida, la movilización no estuvo exenta del accionar de las fuerzas de seguridad, que en un momento corrieron a manifestantes por un trayecto de Avenida de Mayo. También hubo marchas en otros puntos del país, como Mendoza.

Desde distintas ONG's, asociaciones y particulares anticiparon que irán a la Justicia, y entre los argumentos para objetar la norma harán referencia a la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal. En las exposiciones realizadas el 25 y 26 de marzo pasado, solo habló una ínfima parte de los más de 100 mil anotados para participar.

Aunque en el Senado se había obviado este paso, en Diputados el oficialismo accedió al pedido de la oposición, pero tras la masiva inscripción y la decisión de LLA de destinar solo dos días, alertaron que esa instancia finalmente no cumplía con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La modificación de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto y pujaban por su aprobación.

La oposición reclamó que no se recibió a abogados constitucionalistas, al asegurar que la flamante norma es "inconstitucional" porque representa una regresión en derecho ambiental, algo que el oficialismo dice lo contrario.

A partir de la nueva ley se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La reforma, que fue redactada por el Consejo de Mayo, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señaló en sus fundamentos que, a 15 años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El debate en el recinto

En el arranque del debate hablaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, en defensa del dictamen de mayoría. A sabiendas de las críticas de la oposición a la audiencia pública, Peluc la defendió y dijo que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”, detalló. Y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

En tanto, Mayoraz afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” con esta modificación, sino que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. “Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, agregó.

Al momento de defender el dictamen de minoría de su bloque, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”. “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En tanto, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Uno de los diputados que encabezó un fuerte rechazo al proyecto en las últimas semanas, el cívico Maximiliano Ferraro remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41 (de la Constitución), por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.

“Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa”, denunció y se preguntó: “¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”.

Además, en su discurso el diputado de la Coalición Cívica criticó que “estamos convirtiendo, de a poco, a este Congreso en un templo de mercaderes, que se tiran miles de millones para acá, miles de millones para allá”.

En el final de la presentación de los dictámenes, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman habló cuando Luis Petri presidía la sesión y no se guardó nada: “Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza, que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba”.

El antecedente que la legisladora del PTS invocó fue el debate que se dio en septiembre del 2011 en la Legislatura mendocina, cuando Petri integraba el bloque radical que votó en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata. El proyecto fue rechazado por unanimidad y el gobernador, en aquel entonces, era Celso Jaque.

“Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”, lanzó y denunció que “estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo”.

Más adelante, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, adelantó su voto en contra y remarcó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la (reforma de la) Ley de Bosques”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, aseveró.

Con su característico perfil, el diputado de UP Juan Grabois enumeró una serie de adjetivos que, a su parecer, sintetizan la esencia de la reforma a Glaciares: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es terraplanista, envenenada, corruptora e inconstitucional”. También sostuvo que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”.

“Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos”, se quejó y, acto seguido, pidió un aplauso para los investigadores del Conicet. “Esta ley viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de proteger el ambiente”, añadió.

Para otro diputado de UP, el bonaerense Jorge Taiana, en este siglo XXI “el agua es el recurso más importante y vale más que el oro”. Y, en ese contexto, sostuvo que “no podemos aceptar que se modifique esta ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación y eso sí que es un golpe a la democracia y al futuro de los argentinos”.

Al contrario de su compañero de bloque (Pichetto), el diputado Nicolás Massot habló del espíritu original de la ley, señalando que “el criterio de protección siempre fue hídrico, y no el criterio meramente geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive había una biblioteca dividida según la cual era suficiente un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era”, reconoció, aclarando que hubiera tenido un vicio de legitimidad en ese caso.

“Todas las industrias tienen afectaciones más o menos preservantes sobre distintos ecosistemas. Todos los ecosistemas están protegidos dentro de la Ley de Ambiente. Y en todos los casos se estipula un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la Ley de Glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial. Las provincias no hacen más que completar las bases de estudio que el IANIGLA no pudo completar durante su larga vida, que trascendió tres gobiernos de signos diferentes”, argumentó.

A su turno, el legislador de UP Agustín Rossi aseguró que “esta es una ley tan mala que no la defendió nadie en su cuestión de fondo”, y enumeró porqué la consideraba mala, cerrando su intervención: “Es una ley tan mala porque promulga un federalismo falso, cuando en realidad está defendiendo el federalismo ambiental”.

A la hora de los cierres de bloques, la sanjuanina Nancy Picón Martínez aclaró que “nadie discute la protección de los glaciares. Esta ley no baja los estándares de cuidado de los glaciares. Sí en el tema de lo que tiene que ver con las geoformas de ambiente de periglaciares, donde ahí con rigor y estudios científicos hay que comenzar a estudiarlos, para darles más protección y no menos”.

“Esto debe convivir y debe ser sustentable y desde un ambiente sano”, dijo la diputada de Producción y Trabajo y lanzó contra quienes se oponen: “Y sino, díganme ustedes, que tanto se quejan de la minería, ¿qué hacen con celulares en las manos? ¿O creen que viene del Espíritu Santo? ¿Cómo van a hacer cuando alguien necesite un desfibrilador? Ah, también lo va a generar el Espíritu Santo… Pobre Espíritu Santo, todas las tareas que le estamos dando”.

Por su parte, la diputada Fernanda Ávila, flamante presidenta de la Comisión de Minería, señaló ya a medianoche que “lo que vengo viendo a lo largo de la discusión de esta ley, en estos cinco meses, es que estamos fundamentalmente ante un problema de percepción. Hay un reflejo automático de que cualquier modificación de la norma estamos retrocediendo”.

“Se ha dicho que el objeto de la ley cambia. Eso no es real -aclaró la diputada catamarqueña-. El objeto fue siempre el mismo: proteger las reservas estratégicas de agua. Lo dijo (Marta) Maffei en 2007; lo dijo el senador Daniel Filmus en 2008; lo repitió (Miguel) Bonasso en 2010, y lo dijo el IANIGLIA en el informe técnico que hizo en 2019”. Y leyó: “El principal objetivo del inventario nacional de glaciares consiste en identificar, caracterizar y monitorear los glaciares y geoformas que actúan como reserva hídrica estratégica en la República Argentina”. Pidió entonces leer el artículo 1°, porque “el objeto no cambia”.

A continuación, el salteño Pablo Outes (Innovación Federal) habló también en defensa de la minería. Con ironía, arrancó quejándose de que “durante esta sesión hemos hablado de temas tan amplios, que nos han hecho responsables de la guerra de Irán y Estados Unidos; de la conducta de Trump; del saqueo que Argentina estaría recibiendo; de quitarle el futuro a las generaciones futuras”.

“Esta ley lo único que está haciendo es devolverle la facultad a las provincias mineras de poder opinar en cuestiones mineras en la medida que tengan informes técnicos razonables efectivos y que justifiquen sus políticas -aseguró-. No es que deliberadamente se da la facultad para que las provincias actúen y exploten sus recursos. Lo único que buscábamos es devolverles a las provincias sus facultades para opinar de sus recursos”.

Sobre el final del debate, el diputado Máximo Kirchner sostuvo que “el aumento de la explotación de litio se hizo con esta ley. No hay una justificación para que podamos decir ‘no hemos podido producir’”, lo cual consideró “un argumento infantil”. “Como si el que estuviera en contra de esto estuviera en contra de la producción”, señaló.

Advirtió también que “este gobierno tiene todas las leyes que quiere; antes decían que era una escribanía el Congreso. Acá salen todas las leyes, no hay excusas para los resultados que están teniendo”. Consideró además “una mentira” que “defender cuestiones ambientales nos coloca en la posición de ser enemigos de la producción”.

Al final puso el ejemplo de Chile, que exporta 10 veces en relación a la Argentina: tiene un tercio de la población que tiene Argentina, sin embargo yo no veo que eso haya servido ni en la microeconomía ni en la macro del país”.

Por el oficialismo, la diputada Silvana Giudici recordó que esta era la tercera vez que venía al recinto a votar “en favor de los glaciares y sus reservas hídricas. Voté la ley vetada por Cristina Kirchner; en el veto de ese momento, la presidenta expresaba que los gobernadores cordilleranos se oponían a esa ley y la vetó”.

“La segunda vez, cuando votamos esa ley, el zafarrancho jurídico que hicieron puso en riesgo todo el sistema de protección ambiental argentina: terminó judicializado”, evocó, atribuyendo eso a “la interna del kirchnerismo”, que obligó a su juicio a interrumpir varias veces el debate. “Volvieron en agosto, un mes después, con una modificación que se incluyó acá”, según la cual el IANIGLIA tenía que poner especial dedicación y prioridad donde ya había solicitud de explotación. Quince años pasaron, no se hizo nunca”, aseguró, antes de desandar a continuación “muchas falacias que se dijeron acá”.

El cierre del debate le correspondió al jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, quien bajo la mirada atenta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentada junto a Diego Santilli en uno de los palcos, expresó un encendido discurso en el que remarcó que “en la Argentina de Milei exportamos petróleo; con el kirchnerismo lo importábamos”. “A la Argentina la estamos poniendo de pie de la mano del presidente Milei”, remarcó.

“Hace falta una aclaratoria de esta ley 26.639 que vino a este recinto después de haber pasado por el Senado y que nos da la posibilidad de devolverle lo que nosotros llamamos federalismo. Que es lo que está faltando y lo que las provincias le pedimos a la Nación y le pedimos a Buenos Aires que se establezca y funcione el federalismo”, señaló el presidente del bloque oficialista.

Bornoroni agregó: “Ahora vino alguien como el presidente Milei, y nos trae de vuelta la posibilidad de que nosotros seamos los dueños de nuestra tierra”.

“El artículo 124 de la Constitución Nacional nos da la potestad de las tierras a cada una de las provincias, así que orgulloso de que el presidente Milei haya enviado esta ley al recinto. Todos los diputados de las distintas provincias tendrían que votar con las dos manos esta ley”, clamó el legislador cordobés. /Parlamentario.