La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física de las Personas del Centro Judicial Monteros, conducida por Gerardo Salas, presentó este miércoles un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual se condenó a Enrique Alberto Sosa (35) por un siniestro vial que dejó como saldo dos personas con heridas de gravedad. El auxiliar de fiscal Hugo Campos, fue el encargado de exponer los términos del convenio y relatar las evidencias recolectadas durante la instrucción.

El hecho ocurrió el 29 de julio de 2024, alrededor de la hora 01:20. Sosa circulaba en su automóvil por la ruta nacional 38 (traza vieja) en sentido sur a norte. Al llegar a la altura de la localidad de León Rouges, frente a un conocido hotel de la zona, el acusado realizó una maniobra imprudente al invadir el carril contrario en un sector señalizado con doble línea amarilla continua, lo que representa una prohibición absoluta de sobrepaso.

Producto de esta invasión, impactó de frente contra una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió compromiso óseo en su mano izquierda, mientras que la mujer resultó con una fractura expuesta de fémur y rodilla con riesgo de amputación, permaneciendo sin alta médica hasta la fecha.

Agravantes y condena

Durante la audiencia, la Fiscalía hizo hincapié en una evidencia determinante: el test de alcoholemia realizado al imputado arrojó un resultado de 1.75 g/l de alcohol en sangre, superando ampliamente los límites permitidos y demostrando una falta total de cuidado hacia terceros.

Ante el reconocimiento de culpabilidad por parte de Sosa, el MPF sostuvo la acusación por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria, y por ser cometido con exceso de alcohol en sangre.

El acuerdo, validado por el juez interviniente, estableció una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, considerando la gravedad de las secuelas físicas de las víctimas y la conducta temeraria del conductor. Además, se le impuso la inhabilitación para conducir vehículos por dos años.

La sentencia quedó firme por el renunciamiento de las partes a cualquier vía recursiva.

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