El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional desplegó un plan sistemático de represión ilegal que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas y apropiación de bebés.

El Proceso de Reorganización Nacional fue una dictadura cívico-militar que causó que decenas de miles de personas fueran asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, secuestradas siendo bebés, o debieran nacer en cautiverio, padecer la sustracción de su identidad y sufrir el exilio. Las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y muchos partidos políticos hacen referencia a los más de 30000 detenidos desaparecidos, que fueron víctimas de la última dictadura y cuya presencia en la sociedad actual se invoca en cada conmemoración al grito "30000 detenidos-desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!".

La conmemoración comenzó a realizarse de manera no oficial, por iniciativa popular, inmediatamente después de que se recuperara la democracia el 10 de diciembre de 1983, a raíz de la realización de marchas y actos organizadas por las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos. En 1998, el presidente Carlos Menem dictó un decreto disponiendo que cada año, los establecimientos educativos dedicaran ese día al análisis crítico del golpe y a "recordar a las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal". En 2002, durante la presidencia del justicialista Eduardo Duhalde, una ley estableció la conmemoración oficial bajo la denominación de "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". En 2006, durante el mandato del también justicialista Néstor Kirchner, otra ley estableció la condición de feriado de la fecha.

Se estima que 30.000 personas fueron desaparecidas, en una maquinaria clandestina que operó a través de centros de detención distribuidos en todo el país.

Desde el retorno de la democracia en 1983, el 24 de marzo se consolidó como una fecha clave para la memoria social argentina. En 2002, el Congreso la estableció como feriado nacional bajo el nombre de Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron durante décadas la búsqueda de verdad y justicia, convirtiéndose en referentes internacionales en la defensa de los derechos humanos.

A partir de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en 2003, se reactivaron los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, cientos de represores fueron condenados en procesos judiciales que marcaron un precedente a nivel global.

Estos juicios permitieron reconstruir parte de lo ocurrido durante la dictadura y avanzar en la identificación de nietos apropiados, una tarea que continúa hasta hoy.

Cada año, miles de personas se movilizan en todo el país para recordar a las víctimas y renovar el compromiso con la democracia. La consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” sintetiza una lucha que atraviesa generaciones.

A casi 50 años del golpe, el 24 de marzo sigue siendo una jornada de reflexión colectiva sobre el pasado reciente y una advertencia frente a cualquier intento de retroceso en materia de derechos humanos.

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