El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un conjunto de medidas fiscales�orientadas a hacer frente al encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Próximo. Según ha avanzado la 'Cadena SER', el plan, que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario, busca ofrecer una respuesta inmediata�a la subida de precios que afecta tanto a consumidores�como a empresas.

Entre las iniciativas principales destaca�la rebaja del IVA aplicado a los carburantes, que�se reducirá del 21% al 10%. A ello se sumará una disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos, con la intención de aliviar el coste de la gasolina y el diésel en un contexto de fuerte presión sobre los mercados energéticos.

De acuerdo con la misma información, el paquete también contempla medidas sobre el consumo energético en los hogares.�El IVA de la electricidad y del gas bajará igualmente al 10%, acompañado de una reducción del impuesto especial eléctrico. Además, el Ejecutivo suspenderá de forma temporal el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, una medida dirigida a abaratar los costes del sistema y evitar que repercutan en la factura final.

Los hidrocarburos sujetos a tributación incluyen�una amplia gama de productos utilizados como combustibles�o fuentes de energía térmica. En este grupo se encuentran, entre otros, las gasolinas, los gasóleos, los querosenos, los fuelóleos, los gases licuados del petróleo, el gas natural y distintos biocarburantes.

Rebajas fiscales y refuerzo de la protección social

En cuanto al impuesto sobre la electricidad, un gravamen indirecto del 5% incluido en la factura que paga el consumidor, aunque lo ingresan las compañías eléctricas en Hacienda,�el Ejecutivo prevé aplicar una rebaja para abaratar el recibo. Por su parte, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que grava con un 7% los ingresos de los productores, será suspendido de forma temporal con el objetivo de reducir los costes del sistema.

El Ejecutivo pretende además reactivar algunas medidas de carácter social que no prosperaron en el Congreso semanas atrás. Entre ellas figuran el refuerzo del bono social eléctrico y�la prohibición de interrumpir el suministro a consumidores vulnerables. Sin embargo, el decreto no incorporará por ahora actuaciones en materia de vivienda, como límites al alquiler o ayudas para hipotecas, pese a las demandas de Sumar.

Con este paquete, el Gobierno aspira a�mitigar las consecuencias de la crisis energética�derivada del conflicto internacional y a contener su impacto sobre la inflación, tratando de proteger tanto a las familias como al tejido productivo en un escenario económico incierto.

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euronews

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