A través del Acuerdo Nº 195, El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) puso al descubierto el desmanejo institucional que dominó a la Caja Popular de Ahorros (CPA), tras una situación que se originó a partir de una investigación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que determinó que la entidad tucumana realizó intermediación financiera ilegal entre los años 2011 y 2015.

Según el sumario financiero Nº 1558 del BCRA, la CPA operó al margen de la normativa nacional al no separar contablemente sus recursos propios de los depósitos captados del público. Esta falta de transparencia impidió determinar con certeza el origen de los fondos destinados a préstamos, una infracción calificada como de gravedad "Muy Alta" por afectar directamente la política monetaria y crediticia del país. Además, el BCRA advirtió que los riesgos de estas maniobras se potencian debido a la multiplicidad de actividades de la Caja, que incluyen juegos de azar (casinos e hipódromos), seguros e inmobiliaria.

Como consecuencia, la Resolución N 425/23 del BCRA ordenó el "cese inmediato y definitivo" de estas actividades de intermediación. Aunque la entidad provincial intentó apelar, la sanción económica de 108 millones de pesos quedó firme debido a un "estrepitoso fracaso" en su estrategia judicial: la Cámara Federal declaró la caducidad de instancia por la inacción de los apoderados legales de la Caja.

Ante la ejecución fiscal, la CPA depositó la millonaria suma en marzo de 2024, alegando haber realizado un "esfuerzo extraordinario" para no comprometer su estructura financiera. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, bajo la firma de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, exige ahora que la institución rinda cuentas sobre la procedencia de ese dinero y detalle su plan de adecuación normativa, dado que el plazo para ajustarse a la Ley de Entidades Financieras venció en diciembre de 2024 sin avances concretos por parte de la gestión de La Bancaria, que controló la CPA hasta mediados de enero de este año.

La investigación del BCRA, detallada en el sumario N 1558, desnudó una falencia contable estructural: la Caja Popular no diferenciaba sus recursos propios de los depósitos captados del público. Esta falta de transparencia, descrita por diversos sectores como una herramienta de "oscurantismo", imposibilitaba determinar el origen real de los fondos destinados a préstamos.

El auditor externo Luis Antonio Godoy ya había advertido años atrás sobre la existencia de cifras de "dudosa procedencia" y cuentas que resultaban "casi imposibles" de respaldar, lo que encendía alarmas sobre posibles maniobras de lavado de activos.

Este colapso judicial no es un hecho aislado, sino que se suma al "turbio monopolio del juego" que ha operado en la provincia bajo el control de Carlos Cisneros por más de 30 años. Según registros y balances internos que fueron publicados por eltucumano.com, esta "organización paraestatal" habría movilizado un volumen económico de USD 9.500 millones desde 1995, consolidando un imperio que abarca desde la quiniela y los casinos hasta las modernas apps de apuestas online.

El revés del BCRA se tornó irreversible debido a lo que el Tribunal de Cuentas (TC) calificó como un "estrepitoso fracaso" en la estrategia judicial de la Caja Popular. Las apelaciones de la entidad fueron rechazadas por la Cámara Federal debido a la caducidad de instancia provocada por la inacción de sus propios apoderados legales. Ante este escenario de negligencia legal, la Caja debió realizar un "esfuerzo extraordinario" para pagar la multa millonaria en marzo de 2024.

Actualmente el Tribunal de Cuentas, bajo el Acuerdo N 195, exige transparencia inmediata sobre el origen del dinero usado para pagar dicha sanción y demanda un plan de adecuación a la Ley de Entidades Financieras, cuyo plazo ya venció en diciembre de 2024 sin novedades. El imperio que supo "apretar" a medios y opositores hoy enfrenta un límite judicial inédito, mientras los organismos de control comienzan a señalar que la información financiera de la entidad "NO presenta razonablemente la información", dejando al descubierto tres décadas de manejo discrecional y millonario.

La Caja Popular de Ahorros también fue noticia el pasado 15 de noviembre, cuando una ciudadana presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una acusación formal contra ocho personas por peculado y asociación ilícita en el desvío de $26.791.604,22 en mercadería social.

Entre los denunciados aparecen Hugo Guillermo Ledesma, actual legislador provincial, ex subinterventor de la Caja Popular y cuñado de Carlos Cisneros; José César Díaz, ahora exinterventor de la CPA; y Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Juan Manzur que autorizó doce entregas irregulares sin convenio ni beneficiarios identificados.

La presentación judicial se sustenta íntegramente en los Acuerdos 5.140 y 5.184 del Tribunal de Cuentas. El primero abrió juicio administrativo y estableció el perjuicio patrimonial. El segundo detalló cada operación irregular con precisión contable.

El mecanismo era directo: la ex ministra Málaga emitía Órdenes de Autorización de Entrega de Mercadería consignando como "beneficiario" a la Caja Popular de Ahorros. Problema: la CPA no tiene competencia legal para recibir ni distribuir ayuda social. Su función institucional es administrar el juego, otorgar préstamos y operar como banco provincial. La asistencia social no figura en su carta orgánica.

Pero Málaga igual autorizaba. Díaz, Ledesma, Garay y Corres igual solicitaban. Carranza, Naser y Budeguer igual retiraban. Y la mercadería —arroz, fideos, harina, leche en polvo, chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas, sillas— desaparecía sin dejar rastro de beneficiarios finales.

El Tribunal de Cuentas constató que no existía convenio entre Desarrollo Social y la Caja Popular que habilitara esta operatoria. Las entregas violaban el Decreto 2348/4-MDS-2010 al carecer de notas de pedido, identificación de beneficiarios en situación de vulnerabilidad y verificación de condiciones socioeconómicas.

El Acuerdo 5.184 mapea con nombres y apellidos el circuito completo. Orden 420477 del 6/10/2023: doscientas unidades de alimentos. Solicitante: Ledesma. Quien retiró: Carranza. Orden 411363 del 22/05/2023: trescientas unidades. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Carranza. Orden 408381 del 19/04/2023: cincuenta chapas. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Corres.

Doce veces el mismo patrón. Funcionarios de la Caja Popular solicitan mercadería social para "la Caja Popular" como beneficiaria. Personas vinculadas a la CPA retiran los bienes del depósito ministerial. Nadie informa destino final.

Monopolio del juego

El pasado 7 de diciembre, eltucumano.com publicó una investigación sobre las cuentas del organismo provincial —balances internos, auditorías externas, cartas de recomendaciones, advertencias sobre lavado de activos— que evidenciaron la magnitud de un negocio que el Estado tucumano delegó en 1995 a Cisneros y que hoy, tres décadas después, suma USD 9.500 millones movilizados sin control público efectivo.

Los balances y documentos contables de la Caja Popular —como estados contables comparativos de la Caja Popular entre 1999 y 2002 (cuando un peso equivalía a un dólar)— a los que eltucumano tuvo acceso revelan cifras que dimensionan el negocio del juego y las apuestas que controla Cisneros desde la Caja Popular de Ahorros, ente estatal a cargo del rubro en Tucumán.

En efecto, y para ejemplificar, el balance interno de la CPA del año 2000 arrojó que la Caja Popular registró un total de $264.661.995 en apuestas. Al año siguiente, 2001, la cifra subió a $254.912.923. Y en 2002, ya con la devaluación, el volumen saltó a $381.149.778. Es decir que sólo en esos tres años - cuando Argentina atravesaba su peor crisis económica- los tucumanos apostaron el equivalente a USD 627 millones en quiniela, Telekino, casino, hipódromo y máquinas tragamonedas.

Pero esos balances contienen otro dato crucial. En la fila "Participación SIPROSA" aparece lo que la Caja transfería al sistema de salud pública. La ley provincial establece que el 25% del resultado bruto del juego debe ir a hospitales. Los números cuentan otra historia: en 2002, la CPA transfirió sólo $14.332.367 al SIPROSA, apenas el 3,7% del total apostado. En 2001 fueron $17.785.616 (6,9%). En 2000, $8.748.364 (tan sólo un 3,3%).

La cuenta es simple. Si la ley se hubiera cumplido estrictamente durante 30 años, el sistema de salud tucumano debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones (a valores constantes). Sin embargo el SIPROSA sólo percibió, según las proyecciones basadas en los balances disponibles, alrededor de USD 285 millones. La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a los hospitales públicos de una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial.

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