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POLÍTICA

8 de marzo de 2026

El Gobierno buscará avanzar este año con las Sociedades Anónimas Deportivas

La Casa Rosada planea integrar la iniciativa en un esquema más amplio que contempla modificaciones al régimen de asociaciones civiles y una reforma del Código Civil y Comercial.

El Gobierno quiere que el Congreso trate el proyecto para impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Pretende enviarlo dentro del paquete de reformas que girará durante las sesiones ordinarias de 2026. En Nación evitan precisar fechas, pero reconocen que el texto forma parte de la agenda legislativa del año.

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) habilitan la transformación de los clubes en sociedades comerciales con accionistas y fines de lucro, un modelo que el Gobierno defiende como vía para atraer inversiones y transparentar la gestión.

La Casa Rosada planea integrar la iniciativa en un esquema más amplio que contempla modificaciones al régimen de asociaciones civiles y una reforma del Código Civil y Comercial, junto con cambios procesales. Se trata de uno de los puntos que mencionó Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En el Gobierno admiten que el momento de envío todavía no está definido. Hay un sector que promueve girarlo antes del Mundial 2026 para fijar una posición política, pero con la intención de impulsar su tratamiento legislativo después. “No queremos mezclar a la selección en esto”, deslizan fuentes oficiales.

Milei intentó impulsar las SAD en los primeros dos años de gestión a través del decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y mediante negociaciones con el entorno del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La primera vía fue suspendida por la Justicia y la segunda no prosperó más allá de algunos contactos.

El Gobierno mantiene la intención de profundizar las tensiones con la AFA a través de la vía judicial y administrativa. Ya impulsó denuncias mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y designará en el corto plazo a los veedores que solicitó la Inspección General de Justicia (IGJ) para auditar sus balances.

El Ejecutivo mandó a medir el impacto en la opinión pública del paro que anunció la AFA a raíz de la citación a indagatoria a Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. “Detectamos mucho enojo de la gente”, argumentan.

Es por eso que la Casa Rosada también definió continuar la polarización con los dirigentes de la asociación. Escaló además la tensión a raíz de la participación de la AFA en el proceso de liberación del gendarme Nahuel Gallo, que estuvo detenido en Venezuela 448 días. “Estábamos al tanto del avión y de lo que significaba porque tuvimos que autorizar su vuelo. Después no nos informaron más y ahí se produjo el vacío informativo”, expresan. 

En el Gobierno esperan que los cambios en los regímenes de asociaciones generen también tensiones con los sindicatos, a raíz de que buscará modificar el esquema de elección de autoridades. La reforma del Código Civil y Comercial busca ampliar la autonomía contractual entre privados y revisar aspectos del régimen de personas jurídicas.

 

 

 

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