El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro, Brasil, rechazó el pedido presentado por la defensa de la abogada santiagueña Agostina Páez (29 años) para que pueda regresar a Argentina y afrontar desde aquí la causa judicial que enfrenta tras haber sido denunciada por injuria racial, un delito que prevé penas de 2 a 5 años.

La postura de la Fiscalía se dio a conocer ayer, cuando se expidió sobre las solicitudes realizadas por el equipo defensor de la abogada que está en territorio brasileño desde enero. El abogado de Agostina, Dr. Sebastián Robles, afirmó ayer que, tras la oposición a los planteos de la defensa, el juez tendrá 15 días para analizar y resolver lo expuesto por cada una de las partes. No obstante, el letrado sostuvo que tiene la esperanza de que antes se resuelva el habeas corpus que fue presentado oportunamente ante un tribunal superior y la santiagueña pueda retornar a la "Madre de Ciudades".

En el documento, el Ministerio Público consideró que permitir el regreso de la acusada durante el proceso de instrucción de la causa podría debilitar el control judicial y complicar la ejecución de una eventual pena, debido a "la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la ley brasileña".

Además, pidió al juez rechazar cada uno de los pedidos presentados por los abogados de Páez y avanzar cuanto antes hacia la audiencia de instrucción y juicio oral, algo que todavía no se resolvió, según confirmó el Dr. Robles.

La respuesta de la acusación surge tras la presentación de la defensa técnica de la santiagueña, que había objetado la validez del expediente por varios puntos. Entre ellos, que las pruebas digitales habían sido manipuladas, que la abogada desconocía que estaba cometiendo un delito y poniendo en duda la forma en que se sumaron los delitos atribuidos. También había denunciado parcialidad de algunos de los testigos.

Para la Fiscalía, en cambio, la denuncia está bien fundamentada y cumple con todos los requisitos de claridad y detalle que marca la ley. El dictamen señala que "los hechos y las víctimas están identificados, la descripción de los eventos es precisa y existen pruebas suficientes, como testimonios y videos, para continuar el proceso".

Según el documento, el Código Procesal Penal de Brasil solo exige que la acusación explique claramente lo ocurrido, identifique a los protagonistas y la figura legal involucrada, algo que, según el Ministerio Público, se cumple en este caso. Además, destaca que la misma defensa reconoce conocer los hechos, ya que propone explicaciones alternativas y cita pruebas.

El hecho ocurrió el miércoles 14 de enero del corriente año en el barrio de Ipanema, al sur de Río de Janeiro, luego de la denuncia presentada por un empleado de un bar que aseguró haber sido víctima de insultos y gestos racistas. De acuerdo con su declaración, la santiagueña lo habría señalado de manera intimidante y se habría dirigido a él con expresiones discriminatorias. El conflicto se originó por un desacuerdo en el pago de una cuenta. Mientras el personal del bar revisaba las cámaras de seguridad para esclarecer la situación, la abogada habría realizado gestos imitando a un mono, acompañados de sonidos y expresiones consideradas altamente ofensivas en el contexto racial.

"La propia acusada y su círculo sabían que lo que hacían era ilegal"

Uno de los focos de la discusión entre las partes está en la validez de videos y registros audiovisuales obtenidos por empleados y cámaras de seguridad del local donde ocurrieron los hechos. La defensa de Páez pidió retirar esas pruebas argumentando que habría irregularidades en la cadena de custodia y posible manipulación.

La Fiscalía desestimó ese planteo. Según el escrito, en ningún momento se demostró que los registros se hayan adulterado o recolectado de manera irregular.

Además, se remarcó que la acusación no depende de un solo video, sino de un conjunto de pruebas. Por eso, si en la fase de juicio se confirma la autenticidad o se descartan ciertas imágenes, "seguirán existiendo elementos suficientes para que el caso continúe".

La defensa de la abogada santiagueña insistió en que no existió "dolo", es decir, intención de cometer un delito, y argumentó que la acusada habría actuado por desconocimiento cultural sobre la norma brasileña. Para el fiscal, esa explicación queda descartada por las pruebas reunidas.

Según consta en el documento, la abogada fue advertida en el momento de que sus acciones constituían un delito. A pesar de eso, "la acusada persistió y agravó sus expresiones en la vía pública".

"La actitud de sus amigas, que buscaron contener las ofensas, demuestra que la propia acusada y su círculo sabían que lo que hacían era ilegal", sostiene el escrito.

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