Sin problemas para conseguir el quórum, la Cámara alta comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones con bloques dialoguistas.

La iniciativa forma parte del paquete central de reformas del oficialismo y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.

El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.

La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el oficialismo replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.

Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la comisión bicameral de previsión social.

También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores, para que se eliminara el artículo referido a Ganancias.

Detalles de la norma

De aprobarse, la Modernización Laboral redefinirá aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, introduce un nuevo criterio para calcular la “mejor remuneración” a efectos indemnizatorios: solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

En materia de créditos laborales, fija un esquema de actualización automático basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual, un mecanismo que busca reemplazar la dispersión de fallos judiciales y dar previsibilidad al cálculo de deuda laboral.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. Las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%, según lo establece tanto la presentación oficial como el articulado del proyecto. El fondo será un patrimonio separado, inembargable e inajenable, administrado por entidades autorizadas y sin responsabilidad del Estado ante eventuales déficits.

La reforma también modifica la registración laboral, que quedará unificada y digitalizada bajo la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro ante este organismo será suficiente y ninguna autoridad podrá exigir trámites adicionales, contemplándose además la validez legal de los libros laborales digitalizados hasta por 10 años.

Otro eje es la delimitación precisa de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitación. Con esto se busca reducir litigios por supuesta remuneratividad de conceptos que, desde ahora, quedan expresamente excluidos del salario.

En materia de jornada de trabajo, se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, acordados entre empleador y trabajador, permitiendo administrar picos de actividad sin necesidad de horas extras tradicionales. Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

La reforma avanza también sobre el régimen de licencias por enfermedad, reforzando las facultades de control médico del empleador y habilitando juntas médicas con nuevas reglas de funcionamiento para dirimir discrepancias sobre el diagnóstico.

Un componente central es el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a mejorar la empleabilidad y la reconversión, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia. El proyecto incentiva programas de capacitación, tanto dentro de empresas como en entidades formativas, como parte de una estrategia para elevar la productividad.

En paralelo, crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, bajo el argumento de que más inversión derivará en más empleo registrado. También se incorpora una reducción de cargas sociales para nuevos empleos, lo que pretende facilitar la contratación en sectores con altos índices de informalidad.

El proyecto introduce además un criterio de prelación que fortalece los convenios colectivos de empresa: un convenio de empresa dentro de una provincia podrá prevalecer sobre el convenio nacional de la actividad, promoviendo —según el Gobierno— negociaciones más adaptadas a realidades productivas locales.

En conjunto, la Modernización Laboral representa un cambio profundo del sistema argentino de relaciones laborales, con el que el Gobierno busca —según afirma— actualizar prácticas, reducir litigios, promover el empleo y atraer inversiones. La clave política estará en su aprobación este miércoles, una votación que definirá si comienza o no una nueva etapa en el mercado laboral argentino.

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