El caso fue abordado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal titular Diego Alejo López Ávila, con la intervención de la auxiliar fiscal Emely Rafael.

De acuerdo a lo acreditado durante la investigación, el hecho se originó cuando una mujer de 45 años, oriunda de la localidad de Medinas, que realizaba trabajos como enfermera de manera particular, se presentó el 18 de marzo de 2025 ante la Dirección General de Fiscalización Sanitaria (SI.PRO.SA), División Registros y Matrículas, con el objetivo de matricularse como profesional. Para ello, presentó un título de enfermera supuestamente expedido por una institución terciaria, a sabiendas de que dicho documento no era auténtico, ya que nunca había cursado ni finalizado la carrera.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2025, se inició un expediente administrativo en el ámbito del SI.PRO.SA, a partir del cual se advirtieron irregularidades en el título presentado. Las consultas efectuadas ante la División Registros y Matrículas de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria permitieron confirmar que el documento carecía de validez y resultaba apócrifo.

En el marco del proceso penal, la Fiscalía y la defensa arribaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, el cual fue considerado procedente por el juez y debidamente homologado. Como parte de la probation, se estableció un plazo de dos años, durante el cual la imputada deberá cumplir reglas de conducta, realizar tareas en el hogar de ancianos “Paz y Bien” de la ciudad de Concepción y abonar la suma de $240.000 pesos a favor de dicha institución.

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