El Gobierno prorrogará por decreto la Emergencia Ígnea por los incendios mientras mantiene abierto el debate sobre si incorpora el tema al temario de sesiones extraordinarias de febrero. El Ejecutivo define además si la medida contempla nuevos recursos y qué alcance territorial y operativo pueden abarcar.

“La emergencia va a salir por decreto por la urgencia. No tiene porqué esperar el debate de la ley”, expresan en Nación. La decisión se dio en el marco de la reunión de mesa política que comenzó a las 12 y terminó antes de las 14, donde el oficialismo evaluó opciones para dar asistencia a las provincias y trató la agenda legislativa con foco en el poroteo para sus proyectos prioritarios, como la reforma laboral.

La discusión sobre la emergencia se da en un contexto de creciente presión política de los gobernadores patagónicos, que reclaman herramientas excepcionales frente a los incendios que ya afectaron a unas 230.000 hectáreas en el sur del país. En Balcarce 50 admiten que el tema puede cruzarse con la negociación legislativa más amplia y condicionar acuerdos clave en ambas cámaras.

La Casa Rosada dio este jueves en paralelo una señal en materia de asistencia. La mesa técnica de Balcarce 50 formalizó la transferencia de más de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad.

Según el texto oficial, el monto total asciende a $100.810.319.998,50 y será distribuido entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con una asignación de $94.924.971,75 para cada entidad. Los fondos están destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil.

La norma también prevé partidas adicionales para federaciones provinciales, programas de capacitación y para la Agencia Federal de Emergencias, además de establecer un esquema de pagos progresivo sujeto al cumplimiento de las rendiciones administrativas. En Nación remarcan que se trata de una medida que responde al reclamo, aunque reconocen que no reemplaza el debate de fondo que plantean los gobernadores.

El marco normativo que se busca extender tiene antecedentes directos: la Emergencia Ígnea fue declarada por el decreto 6/2022 y luego prorrogada por el decreto 2/2023 hasta el 13 de enero de 2024. En el oficialismo no califican de forma negativa la posibilidad de debatir la ley, pero hay resistencias sobre que los mandatarios provinciales les “marquen la agenda”.

Es por eso que el Gobierno apunta a cubrir la urgencia operativa en las provincias patagónicas sin resignar margen de maniobra en el Congreso. La definición sobre la inclusión del proyecto en las sesiones extraordinarias se tomará antes del fin de semana. “El plan es dar respuestas inmediatas, que no dependan de un debate legislativo”, agregan.

TN

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