El bloque Justicialista del Senado, presidido por José Mayans, repudió el DNU 941/25 por modificar el sistema de inteligencia "sin pasar por el Congreso", y resaltó que "vulnera la Constitución Nacional". Además, alertó que esta reforma "busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda".

Mediante un comunicado, los senadores opositores señalaron que el decreto "introduce una reforma integral del sistema de inteligencia nacional, al modificar de manera sustantiva la Ley 25.520, lo que resulta de todo punto de vista una clara violación a las normas vigentes y de la Constitución Nacional".

"El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por DNU, dado que, además de no existir ni necesidad ni urgencia que lo justifique, nuestra Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3, expresa con claridad las restricciones que tiene el presidente en el proceso de construcción de las leyes", apuntaron.

Los legisladores peronistas resaltaron que "el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, tal como sucedió con el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional". "Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas", cuestionaron.

La bancada integrada por una veintena de senadores observó que "el jefe del Estado se vuelve a arrogar para sí facultades que son propias del Poder Legislativo, en una reiterada actitud propia de un régimen autoritario". Además, explicaron que "el DNU 941/25 firmado por Milei representa una aberración jurídica, por varios motivos. Por un lado, el accionar de inteligencia pasa a ser formalmente 'encubierto', se refuerza el secreto y se limita la publicidad y la transparencia de las actividades".

Asimismo, "habilita a los agentes de la SIDE -todos encubiertos- a aprehender personas sin intervención judicial alguna, lo que confronta con la letra expresa del artículo 18 (que consagra el debido proceso y las garantías penales) y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (referido a los tratados internacionales de derechos humanos), situación que retrotrae a las argentinas y los argentinos a las épocas más oscuras de la pasada dictadura cívico-militar", advirtieron.

En esta línea, subrayaron que "a partir del dictado de este DNU, los organismos de inteligencia podrán realizar tareas de espionaje ilegal, persecuciones políticas e ideológicas dentro del territorio nacional. Este decreto afecta de manera directa garantías constitucionales como la privacidad, la libertad personal, la libertad política y el control parlamentario; y barre de un plumazo el consenso democrático logrado en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 1983".

"Todo esto fue hecho a espaldas del pueblo y de sus representantes, como ya es habitual en el actual gobierno, al finalizar el año: el 31 de diciembre del 2025. Y con ello busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda", concluyeron.

-

#Escuchá La 97.1 todo el día, hacé click acá📻

#Descarga la App de #RTuc haciendo click acá📲​

-