La senadora Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, fundador de la famosa cadena de cafeterías 'Tostado', han sido señalados en una denuncia penal presentada por Gregorio Dalbón, un reconocido abogado en el país. Tal denuncia acusa a los implicados de evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita, despertando así revuelo en los pasillos políticos y judiciales de Buenos Aires.

Según los documentos presentados, la acusación sostiene que detrás del auge financiero y de crecimiento de la cadena 'Tostado', que ya cuenta con más de 70 locales tanto en territorio argentino como en países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, se encuentra un elaborado entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen de su capital. Las firmas involucradas, Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., son vistas como engranajes de un mecanismo más amplio que habilitó un crecimiento económico acelerado sin aparente sustento financiero o histórico previo.

El abogado Dalbón argumenta que los bienes inmuebles y la estructura financiera del grupo presentarían inconsistencias significativas. En particular, destacó un inmueble ubicado en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que estaría vinculado a actividades económicas cuestionadas. Este esquema presuntamente atomizado busca, de acuerdo con la denuncia, complejizar la trazabilidad fiscal y contable, dificultando potencialmente el control por parte de las autoridades argentinas.

La presencia internacional de la cafetera, caracterizada por su expansión en mercados extranjeros, suma un nivel adicional de complejidad. Las investigaciones sugieren que estas operaciones podrían involucrar transferencias transnacionales de fondos que requerirían un análisis exhaustivo.

Por separado, la controversia no solo queda en el plano societario; la participación indirecta de Patricia Bullrich despierta alerta por el potencial conflicto de interés dada su prominencia política. Aunque el vínculo familiar en sí no bastaría para un cargo criminal, la reputación y cargo oficial de Bullrich exigen una investigación a fondo para descartar cualquier posible caso de favorecimiento o injerencia inapropiada dentro de estos sucesos financieros complicados.

El presentante, Gregorio Dalbón, ha solicitado una serie de medidas concretas en el marco de la investigación, como allanamientos y la revisión de la documentación contable, además de reportes a distintas entidades fiscales y financieras.

Será tarea del juez federal Ariel Lijo y de la fiscal Alejandra Mángano determinar la apertura formal de la investigación y dilucidar las implicaciones de este caso que promete sacudir varias estructuras en una sociedad constantemente vigilante de la transparencia económica.

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