Martes 9 de Diciembre de 2025

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TUCUMÁN

9 de diciembre de 2025

Lo imputaron por usar un título falso para intentar matricularse como enfermero

El acusado se presentó en el Siprosa con documentación apócrifa. La audiencia de formulación de cargos y solicitud de suspensión de juicio a prueba se realizó este martes 9 de diciembre. Interviene la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal.

En una audiencia realizada este martes 9 de diciembre, el Ministerio Fiscal formuló cargos contra un sujeto oriundo de Concepción por el delito de uso de documento falso o adulterado, en contra de la fe pública. Asimismo, la defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba (probation) por el término de dos años.

La auxiliar de fiscal, Emely Rafael, en representación del titular de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, Diego López Ávila, oralizó la acusación y describió las circunstancias del hecho investigado.

Según la imputación, el 12 de diciembre de 2022, el imputado se presentó en la Dirección General de Fiscalización Sanitaria (SI.PRO.SA), División de Registros y Matrículas, con la finalidad de matricularse como Enfermero Profesional. Para ello, exhibió un título expedido supuestamente por la institución terciaria ATSA, a sabiendas de que no era egresado ni graduado de dicha institución.

A raíz de esta situación, el 14 de diciembre de 2022 se inició un expediente interno dentro del organismo, del cual surgió que el título presentado no se encontraba confeccionado en el soporte oficial de títulos provenientes del Ministerio de Educación de la Nación. Además, se detectó que no poseía estampación de sellos, sino que los mismos formaban parte de una impresión simultánea con el resto del documento, lo que permitió determinar que se trataba de un instrumento apócrifo.

En función de estas circunstancias, el Ministerio Fiscal calificó legalmente el hecho como uso de documento falso o adulterado.

Pedido de probation

Durante la audiencia, la defensa técnica del imputado solicitó la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años, quedando el sujeto al control de la Oficina de Probation, bajo las condiciones que se le ordenen.

Entre las reglas de conducta, se estableció que Moreno deberá depositar la suma de $400.000 en concepto de resarcimiento habida cuenta que la damnificada es la Administración Pública, además de cumplir con todas las medidas que disponga el organismo de control.

La jueza interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal, quedando el imputado sometido al cumplimiento de las condiciones impuestas para mantener el beneficio.

 

 

 

 

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