Más de 150 estudiantes de quinto año fueron sancionados por la institución por los destrozos que ocasionaron en un aula cuando no les permitieron celebrar el “último día”. La decisión fue rechazada por los padres, que se reunieron este miércoles frente al colegio sobre calle Belgrano para reclamar que se morigere la sanción.

Los hechos ocurrieron el último día de clases, el jueves 27 de noviembre, y fueron calificados por la institución como una “seria alteración del orden institucional”.

Los destrozos se generaron luego de que las autoridades de la escuela le prohibieran al grupo de alumnos faltar a clases el viernes 28 de noviembre, tras los festejos del UUD (último último día).

La respuesta de las autoridades fue la resolución N°065-REC-2025, un documento que castiga a los jóvenes con amonestaciones masivas y los obliga a un plan de reparación que se extiende hasta febrero, con el objetivo de evitar que pierdan la regularidad.

Entre el 12 y el 18 de diciembre, los alumnos sancionados deberán asistir al colegio en horario matutino para cumplir con una serie de tareas obligatorias, que van desde limpieza profunda y ambientación para ingresantes, hasta talleres de reflexión y un desayuno institucional con el personal de limpieza y mantenimiento, al que deberán asistir con cartas de disculpas.

Además de este trabajo de diciembre, en febrero todos los estudiantes deberán rendir y aprobar un coloquio sobre normas de convivencia, responsabilidades y el reglamento escolar. La aprobación es un requisito excluyente para lograr la reducción de las amonestaciones.

Este miércoles, en el ingreso por calle Belgrano, papás y estudiantes se presentaron con las quejas. Por un lado, señalaron que la decisión rigurosa de la institución fue para todos, cuando debería haberse tomado cada caso en particular.

Los padres tenían previsto reunirse con autoridades de la institución en la mañana de este miércoles. Si bien reconocieron los destrozos, pedían que las sanciones fueran morigeradas, ya que consideraban que las 20 amonestaciones eran exageradas y no se habían individualizado los casos.

“No tuvimos una apertura por parte del colegio para llegar a esta instancia”, señaló una mamá. “No ha sido manejado como corresponde”, objetó.

Otro papá aseguró que “mi hija tenían todas las materias aprobadas y ahora tiene que rendir libre”. Sostuvo que la medida perseguía un fin económico.

Algunas alumnas que fueron amonestadas reflejaron que sólo tiraron papeles, a diferencia de otros estudiantes que participaron de destrozos más graves, pero se les aplicó la misma vara rigurosa.

La responsabilidad económica de los daños recaerá sobre las familias. La universidad anunció que el Área de Mantenimiento, el Departamento de Sistemas y la Facultad de Informática están cuantificando el costo total de los perjuicios.

Luego, la Tesorería imputará esos costos en la factura mensual de cada familia involucrada, aplicando la responsabilidad prevista en el reglamento, sin margen para excepciones.

M1

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