El MPF logró la restitución provisoria de un inmueble ubicado en la intersección de avenidas América y Francisco de Aguirre, en Lomas de Tafí, tras comprobarse una presunta usurpación que habría afectado directamente la prestación del servicio público de agua potable. 

La causa tiene cuatro acusados por los delitos de usurpación por despojo parcial, turbación de la posesión y entorpecimiento de la prestación del servicio público, en concurso ideal, en perjuicio de SAT-SAPEM.

Los hechos investigados

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de abril de 2025, cuando los imputados impidieron el ingreso de un empleado de la empresa SAT-SAPEM que debía realizar controles en un pozo de agua. Para ello, habrían utilizado construcciones asentadas sobre parte del espacio público de la vereda municipal, bloqueando totalmente el acceso al predio. La fiscalía sostuvo además que, aprovechando la falta de controles permanentes, los acusados se habrían apropiado de una parte de la vereda, lo que no solo vulneró la posesión municipal sino que también afectó directamente el servicio de provisión de agua potable a la comunidad. 

Resolución judicial

Tras escuchar a todas las partes, la jueza resolvió tener por formalizada la investigación penal preparatoria, rechazó la oposición planteada por las defensas y dio por válida la formulación de cargos contra los cuatro imputados, en calidad de coautores.
Asimismo, ordenó la restitución provisoria del inmueble a la SAT, disponiendo que los imputados cuentan con un plazo de 90 días corridos para desocupar voluntariamente el lugar. En caso de incumplimiento, se autorizó el allanamiento con auxilio de la fuerza pública, el cual deberá realizarse de manera pacífica, con intervención de organismos de protección de menores y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, debido a la presencia de niños en el domicilio. 

Medidas de coerción

Como parte de las medidas cautelares, la magistrada dispuso obligaciones por el término de seis meses, entre ellas: promesa de someterse al proceso judicial y no obstaculizar la investigación, fijación y mantenimiento de domicilios, prohibición de realizar actos que entorpezcan la investigación, la obligatoriedad de concurrir a todas las citaciones judiciales. Y la prohibición de acercamiento al inmueble usurpado en un radio no inferior a 200 metros.

Además, los imputados fueron intimados a permitir el acceso irrestricto al personal de la empresa prestataria del servicio de agua potable, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial, para tareas de cloración, limpieza, mantenimiento y control del pozo de agua ubicado en el inmueble.

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