Tras una serie de medidas que buscaron dilatar los tiempos, el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo, una medida que se extiende a todo el país.

La demanda cuestionaba la implementación de auditorías médicas dispuestas a partir del edicto 19.437/25 y denunciaba que, desde julio, gran cantidad de titulares tomaron conocimiento de la baja de sus beneficios al constatar la falta de pago o recibir notificaciones defectuosas, redactadas en un lenguaje técnico y sin permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa.

En su resolución, el juez Guillermo Díaz Martínez destacó que las pensiones no contributivas integran la propiedad de sus titulares y sólo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso, la defensa en juicio y la obligación estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones, más aún cuando se afecta la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad.

"Por surgir acreditado que la Administración cesó o dio de baja pensiones no contributivas por discapacidad sin acto administrativo
previo, lo que implicó de su parte un mero comportamiento material, gravemente ilícito y lesivo de derechos y garantías fundamentales, como la salud, la propiedad y la posibilidad de su defensa ya en sede administrativa, la urgencia de su invalidación y el consecuente restablecimiento del goce de pensiones por el colectivo afectado resulta a esta altura incuestionable", detalló.

El resto de las disputas

Las organizaciones explican que hoy existen “dos casos muy importantes” vinculados al sector, pero con “velocidades opuestas”. El primero es la investigación a la ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi ya tiene dos empresarios detenidos, uno de ellos negándose a declarar desde Mendoza y el otro con 700.000 dólares en efectivo hallados en la casa de su hija. La causa involucra a 15 imputados, entre ellos al ex director del organismo Diego Spagnuolo, y suma audios en los que se escuchan frases como “meter gente para chorear”. El expediente apunta a un desvío estimado de 48.000 millones de pesos mediante un entramado de coimas y retornos.

El segundo caso es el del amparo colectivo presentado por familias con chicos con discapacidad en Campana luego de que el Presidente emitiera un decreto que suspendió la Ley de Emergencia, pese a que el Congreso había rechazado su veto. “Más de 20 organizaciones nos sumamos y el juez federal de Campana nos dio la razón, rechazando todas las excepciones del Gobierno”, relataron.

Sin embargo, cuando el proceso parecía encaminarse, apareció un movimiento sorpresivo desde el Ejecutivo. El Procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado, presentó una recusación contra el juez de Campana alegando que habría “prejuzgado” por afirmar que el decreto suspendió la ley. “El decreto literalmente dice eso”, aclararon desde el colectivo.

El magistrado respondió punto por punto, calificó de falsas las objeciones oficiales y explicó que actuó siguiendo la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos. Recomandó rechazar la recusación, pero aun así tuvo que apartarse, lo que deja la decisión en manos de la Cámara y frena todo el expediente. “Esto demora todo. Es exactamente lo que busca el Gobierno”, remarcaron.

En ese marco, las familias plantearon una pregunta directa: “¿Por qué el Gobierno pone tanto empeño en frenar un amparo legítimo mientras la Justicia acumula pruebas de corrupción millonaria en la ANDIS?”. Recordaron que, en paralelo a la disputa por la recusación, un juez y un fiscal federales investigan cómo se desviaron miles de millones destinados a políticas de discapacidad, con evidencia que incluyen empresarios presos, audios comprometedores y montos que no dejan lugar a dudas.

Como dato adicional, la Cámara deberá ahora designar a un nuevo juez para resolver el amparo, un paso que puede estirar los plazos mientras sigue en curso la causa por las presuntas coimas dentro del organismo encargado precisamente de asistir a personas con discapacidad.

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