Las comisiones de Legislación General, y de Población y Desarrollo Humano del Senado se reunieron en plenario este martes para debatir sobre el proyecto de ley de erradicación de la violencia en la infancia y adolescencia. el texto fue impulsado, entre varios legisladores, por el correntino Eduardo Vischi -jefe de bloque radical-, quien destacó el trabajo de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, por ser la que "nos puso en alerta sobre este tema por su basta trayectoria frente al juzgado y cansada de ver cómo se llega tarde desde la justicia a la problemática social de los menores".

En sintonía con lo expuesto, la titular del Juzgado Nacional en lo Civil nº 23, especializado en familia y capacidad agregó que el proyecto del senador Vischi “cumple con las obligaciones que el Estado argentino ha asumido al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, responde a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño, que en 2006 exhortó a Argentina a contar con una legislación específica que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

La iniciativa también fue motorizada, a través de otros proyectos de ley, por el senador pampeano Daniel Kroneberger (UCR) y la chubutense Edith Terenzi. En su mayoría, los textos ingresados por mesa de entrada de la Cámara alta buscan fortalecer la prevención, protección y acceso a la justicia para los niños frente a hechos de violencia.

Lurgo, Verónica Polverini, secretaria letrada interina de la Defensoría General de la Nación, destacó que la iniciativa representa “un avance significativo en el sistema de protección infantil”. También, explicó que introduce “conceptos e ideas innovadoras” que buscan transformar culturalmente la perspectiva, poniendo énfasis principalmente en “la responsabilidad social”. Remarcó, además, la importancia de “pensar en leyes específicas para la protección de la niñez”.

Por último, José Álvarez, defensor público de Menores e Incapaces de Capital Federal, señaló que este texto “rompe con una técnica, a mi entender defectuosa, que recurre a proyectos provenientes de países del norte y que no consideran el Pacto de San José de Costa Rica ni la Convención de los Derechos del Niño”. Liego, valoró “la integralidad y viabilidad de las normas”, pero reiteró que  “hay una necesidad de fortalecer la formación y capacitación del recurso humano en los ámbitos provincial y municipal”.