La audiencia se llevó a cabo el viernes 31 de octubre y fue oralizada por la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano, en representación de la fiscal titular Susana Elena Cordisco.

El caso ocurrió durante la madrugada del 7 de octubre de 2025, en una vivienda ubicada en la localidad de Lastenia, cuando la imputada se presentó en el domicilio de su hermana para pedirle dinero. Ante la negativa, la joven (que se encontraba en situación de vulnerabilidad y atravesando problemas de adicciones) ingresó a la fuerza al interior de la vivienda. Durante la confrontación, tomó un teléfono celular marca Samsung A10 que se hallaba sobre una mesa y lo ocultó entre sus prendas. Seguidamente, extrajo de entre su ropa un destornillador tipo “Phillips”, con el cual amenazó a su hermana, provocando un forcejeo entre ambas. En medio del altercado, la víctima fue mordida y sufrió lesiones leves. Los gritos de auxilio alertaron al hermano de ambas, quien intervino y logró reducir a la agresora hasta el arribo del personal policial. En el lugar se secuestraron el destornillador utilizado y el teléfono sustraído, que fue recuperado.

Calificación legal y pedido de pena

El Ministerio Fiscal calificó la conducta como robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa, en calidad de autora material y penalmente responsable.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano explicó que la acusada actuó con dolo directo, utilizando un objeto apto para lesionar con el fin de apropiarse de un bien ajeno. Al momento de proponer la pena, el MPF valoró como circunstancias atenuantes la edad de la acusada, su situación de calle y sus problemas de adicciones; mientras que consideró como agravantes la violencia ejercida, la nocturnidad, la utilización de un arma y el vínculo familiar entre las partes.

La pena propuesta fue de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de costas procesales, por considerarse adecuada a la gravedad del hecho y al interés social de restaurar la vigencia de la norma penal. La imputada, asistida por su defensa técnica, reconoció su responsabilidad penal, comprendió los alcances del procedimiento y aceptó de forma libre y voluntaria la pena acordada. El juez actuante, tras constatar la legalidad del acuerdo, declaró la sentencia firme en el mismo acto, conforme a las disposiciones del juicio abreviado.

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