El transporte público de pasajeros atraviesa una crisis crítica en San Miguel de Tucumán. Así lo advirtió AETAT en una nota enviada a la intendenta Rossana Chahla. Los empresarios dejaron abierta la posibilidad de acudir a la Justicia por incumplimientos municipales.

La misiva describe la grave situación económica de las empresas y la amenaza sobre la continuidad del servicio. Señalan que la falta de tarifas ajustadas a los costos operativos agrava el quebranto. Además, la proliferación de transporte ilegal compite deslealmente con las líneas autorizadas.

Los empresarios destacan que las cargas públicas, como boletos gratuitos para estudiantes y jubilados, no cuentan con compensación adecuada. Esto genera un impacto financiero directo sobre las prestatarias. También mencionan problemas operativos derivados de la implementación de SUBE y la falta de control del tránsito en el centro.

AETAT remarca la precariedad jurídica por la ausencia de concesiones vigentes. Sin ellas, las empresas no pueden acceder a créditos para renovar la flota. Esto perpetúa el deterioro del servicio y la inseguridad para los usuarios.

La asociación advierte sobre la responsabilidad de los funcionarios municipales. Señalan que la omisión de deberes podría derivar en denuncias penales y demandas civiles. La inacción del municipio afecta tanto a las empresas como a los ciudadanos que dependen del transporte público.

Finalmente, AETAT propone implementar un sistema de pago por kilómetro recorrido. Este modelo garantizaría ingresos justos a las empresas y control del servicio. Solicitan además una reunión urgente con el municipio y estudios técnicos para evaluar su factibilidad.

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