El Gobierno de Javier Milei avanza en una reforma laboral y previsional tras haber arrasado en las elecciones legislativas, con el objetivo de flexibilizar las condiciones de trabajo y modificar el sistema de jubilaciones. La iniciativa impactará tanto en salarios como en indemnizaciones, convenios colectivos y beneficios previsionales, generando cambios profundos en la legislación laboral actual.

Entre los puntos centrales de la reforma laboral se incluyen la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda, incluso en dólares, y la introducción de un esquema de “salario dinámico” vinculado al desempeño individual. Además, se plantea un banco de horas y un fondo de cese que reemplazaría el régimen de indemnización por antigüedad, con inversiones administradas por aseguradoras para generar rendimientos que incrementen el capital acumulado.

En materia de convenios colectivos, se prevé priorizar los acuerdos de empresa sobre los de actividad, actualizar las negociaciones de manera periódica y modificar la modalidad de diálogo entre sindicatos y empleadores. La propuesta busca simplificar el marco normativo y adaptar las reglas a la realidad económica y productiva actual.

En materia previsional, la reforma proyecta homogeneizar o unificar más de 100 regímenes jubilatorios, incluyendo la creación de un ingreso asistencial universal equivalente a la PUAM. Se eliminarían moratorias y se limitarían los beneficios diferenciales, afectando principalmente a trabajadores informales y monotributistas.

Por otro lado, la gestión libertaria buscará limitar los reclamos laborales y reducir la intervención judicial, bajo el argumento de evitar fallos contradictorios. 

En cuanto al impacto salarial, los cambios permitirían desvincular aumentos de la inflación y de los convenios colectivos tradicionales, con un esquema de remuneración más vinculado a la productividad individual que al mínimo garantizado.

La reforma enfrenta la resistencia de sindicatos y organizaciones gremiales, que advierten sobre la posible sustitución de empleos estables por precarios, la reducción de salarios reales y el debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores, anticipando una negociación compleja en el Congreso.

Salarios dinámicos

Con un contundente triunfo en la mayoría de las provincias, la idea toma más fuerza. En este sentido, resurge el concepto de "salarios dinámicos", con la presentación de modificaciones orientadas a los convenios colectivos y el esquema de convenio.

En el contexto del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, brindó precisiones sobre el giro que promueve el Gobierno en materia de relaciones laborales y negociación salarial.

Así los salarios de convenio se mantendrían como mínimos garantizados, pero se busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios.

Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia. Así, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar los mínimos asegurados y cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.

Actualmente, los salarios básicos de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el Gobierno pretende flexibilizar los mecanismos entre las partes (actualización y revisión de ingresos) adaptándolos a la situación de cada sector.

La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo.

A la par del anuncio, distintas entidades empresarias y cámaras patronales reclaman la revisión de las condiciones laborales y de los criterios de determinación salarial. Las reformas propuestas buscarían modificar el “uso rígido” de los salarios de convenio y adecuarlos a los ciclos económicos, permitiendo “actualizaciones dinámicas”, según los vaivenes de la actividad.

Así, la Secretaría de Trabajo impulsa un modelo donde los convenios colectivos definen rangos y pautas para cada sector, pero establecen montos máximos para las empresas. Esto invierte un principio histórico del derecho laboral argentino, donde el convenio actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

La figura de los “salarios dinámicos” implica un valor convencional como referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno.

Otro foco: la productividad

El foco en la productividad marca otro cambio que contempla el proyecto: la Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector, para evitar que los aumentos funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad.

La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios.

Los gremios, por su parte, podrían insistir en condiciones superadoras, pero sin la obligación de que ese acuerdo se traslade automáticamente a todo el universo de trabajadores representados.

Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos. El Gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.

El debate sobre esta reforma se da en un momento de tensión paritaria y reclamos de actualización inflacionaria en múltiples sectores. Dirigentes sindicales consideraron que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” constituye una pérdida de garantías para los empleados, al tiempo que consultoras y analistas evalúan el impacto que podría tener la medida sobre la masa salarial registrada.

Analistas advierten que uno de los desafíos centrales, si se aprueba, estará en la coordinación para evitar una mayor brecha entre actividades o regiones.

El factor regional cobra relevancia porque la dinámica productiva y las condiciones de empleo evolucionan de forma dispar a lo largo del país. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo considera viable la descentralización como método para lograr una mayor adaptación.

Las cámaras empresariales respaldaron la idea al afirmar que la negociación salarial sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis o recesión, donde no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. El sector sostiene que la dispersión y flexibilidad de los salarios logra una alineación más directa con la productividad y las necesidades de generación de empleo.

Por su parte, organizaciones sindicales advirtieron sobre un riesgo del debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de condiciones. Desde allí sostienen que los convenios fueron históricamente un resguardo efectivo frente a la inestabilidad y que limitar el “piso” abre la puerta a mayores desigualdades.

Ámbito/ /PolArg

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