La audiencia fue dirigida por el titular de la Unidad Fiscal de referencia, Diego López Ávila, y la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, quienes solicitaron la extensión de las medidas de coerción respecto de una mujer que se encuentra imputada y bajo arresto domiciliario con control electrónico.

Según la acusación, la investigación abarca 39 hechos de estafas reiteradas, cometidos entre los años 2021 y 2024, a través de una empresa que ofrecía supuestas inversiones y contratos de mutuo con intereses elevados. Las víctimas entregaban importantes sumas de dinero (en pesos y en dólares) con la promesa de obtener rentabilidad en plazos breves. Con el paso del tiempo, los responsables comenzaron a incumplir los pagos y a ofrecer cheques y pagarés como garantía, que luego resultaron incobrables por tratarse de cuentas cerradas o sin fondos. En algunos casos, las víctimas habían depositado los ahorros de toda su vida o indemnizaciones laborales.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, los acusados habrían montado un plan sistemático para aparentar solvencia, incluso simulando la cesión de acciones de la empresa y un divorcio civil ficticio, todo con el fin de evadir responsabilidades económicas y confundir a los inversores.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael explicó que el caso fue declarado asunto complejo por la magnitud de los hechos y la cantidad de pruebas en análisis. Entre ellas, figuran documentos, dispositivos electrónicos y registros bancarios secuestrados durante los allanamientos, actualmente bajo peritaje del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

En ese contexto, el Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el término de dos meses, argumentando la necesidad de garantizar la producción de pruebas restantes y evitar entorpecimientos en la investigación.

El juez interviniente hizo lugar a lo requerido por la Fiscalía, disponiendo que la imputada continúe bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y control policial aleatorio, por el plazo solicitado.

“La causa presenta un número significativo de víctimas y un perjuicio económico millonario. Aún restan producir informes periciales e incorporar nueva evidencia documental”, sostuvo la auxiliar de fiscal Rafael al finalizar la audiencia.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el total de damnificados y el destino de los fondos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas.Nación y del Procurador Penitenciario de la Nación.

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