Luego de que Patricia Bullrich solicitara a la Justicia el allanamiento de periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico -entre otros- a raíz de la difusión de los audios que complican a Karina Milei en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el fiscal Carlos Stornelli determinó que se investigue la denuncia del Gobierno, pero desestimó el pedido de allanamientos dado que reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas.

"No se puede hurgar en las fuentes de los periodistas", remarcó el fiscal, al mismo tiempo que manifestó: "Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo, así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores".

Y agregó en su dictamen: "Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas".

Denunciaron a Bullrich por abuso de autoridad tras su pedido de allanamientos a periodistas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad, tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y a los estudios de Carnaval Stream. La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, tras la presentación del Poder Ejecutivo por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia.

En dicha presentación realizada por Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad, se reclama que se ordene un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream’, disponiéndose la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material”.

Dalbón expuso hoy que dicha denuncia contra el medio de comunicación tiene “el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.

El abogado advirtió que, en esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el ministerio de Seguridad solicitó “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Adicionalmente, pidió una medida cautelar para la “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal” (sic).

M1

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