La Justicia Federal de Tucumán se declaró competente en la investigación de la compleja trama de delitos que supuestamente involucra a exfuncionarios del municipio de Juan Bautista Alberdi, luego de que un juez provincial se declarara incompetente. La decisión, firmada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, establece que la causa, que se originó a partir de un audio viralizado, debe tramitarse en el fuero federal debido a la naturaleza de los crímenes investigados, a excepción de uno que seguirá en el ámbito de la Justicia provincial.

La investigación se inició en la justicia provincial tras la divulgación en redes sociales de un audio que contenía una conversación entre el ex intendente de Alberdi, Luis Campos, y el empresario Roque Giménez, alias “Chipi”. En dicho intercambio, se mencionaban supuestos delitos de extrema gravedad, como el tráfico de estupefacientes. El audio también hacía alusión a una presunta red de corrupción que operaba desde la gestión municipal, lo que llevó a allanamientos y detenciones iniciales. Según se escucha, Campos le dice a Giménez: “A la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo. Necesito un Al Capone para gobernar”, tras lo cual Giménez lo acusa de connivencia con bandas delictivas y reclama pagos millonarios por robo de maquinaria municipal.

La situación derivó en la intervención del municipio, ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Luego de una investigación que involucró a fiscales y jueces de la provincia, pero luego declararon su incompetencia material el 4 de julio de 2025, y ordenaron la remisión de todas las actuaciones al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. La decisión se basó en la existencia de una investigación federal paralela, la identidad de los hechos y sujetos investigados, y la prevalencia de los delitos federales como el narcotráfico y el lavado de activos.

El juez Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, aceptó la competencia de la causa basándose en el dictamen del fiscal Vehils Ruiz, quien consideró que la investigación era “de carácter netamente federal”.

La resolución del 1 de agosto de 2025 detalla que se continuará investigando:
-Asociación ilícita: Una organización que presuntamente operaba con el erario público municipal para la contratación directa de obras públicas y el manejo irregular de fondos. Se menciona que “Chipi” Giménez habría recibido casi 500.000.000 de pesos por obras de “dudosa ejecución” (Sala Velatoria, Mercado Municipal y Centro Cultural), los $28.000.000 para “Giménez Producciones” por eventos municipales, y transferencias no justificadas a la imprenta familiar de la hija de José Roldán secretario de hacienda., configurando así un entramado que trasciende la mera actividad delictiva individual determinando una posible asociación ilícita que se encontraría integrada por José Roldan, Barrionuevo, Albano Loru, Roque Giménez y José Funez, y por otro lado la acción del ex intendente Campos de encubrir dicha asociación y de haber atentado contra el orden público junto con Giménez, según la resolución.

-Lavado de activos: Con la presunción de que el blanqueo de dinero ilícito se realizó mediante contratos millonarios por obras cuestionables, pagos por servicios musicales y transferencias a una imprenta familiar sin justificación, y alquileres de vehículos al municipio, constituyendo todos estos claros indicios de operaciones de lavado. De los audios también surgieron acciones de injerencias sobre la fuerza policial y referencias a la “muerte de personas”, demostrando la organización delictiva desde una posición de poder vinculada a la gestión municipal.

-Delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737): La causa provincial se remitió por la “posible existencia de transporte, distribución y comercialización de estupefacientes”. Esto se sustenta en el audio, información adicional y el secuestro de cocaína en un operativo anterior de la Justicia Federal.

-Atentado contra el orden público: Se imputa a Roque Giménez por este delito en concurso con la instigación a cometer crímenes. Al ex intendente Campos se le atribuye el encubrimiento de la asociación ilícita y haber atentado contra el orden público junto a Giménez.

Las pruebas para la investigación federal provienen principalmente del audio viralizado y los elementos secuestrados en allanamientos previos, como documentación vinculada al municipio, teléfonos celulares, una nota manuscrita y un dispositivo DVR de cámaras de seguridad.

La resolución del juez Díaz Vélez formalizó la investigación y reafirmó la prisión preventiva para varios imputados, que ya había sido dictada por la Justicia provincial. Roque Giménez tiene una prisión preventiva por seis meses por atentado contra el orden público e instigación a cometer delitos. A su vez, se formalizó la investigación por asociación ilícita contra José del Carmen Roldán, Albano Loru y Pablo Barrionuevo, quienes también recibieron prisión preventiva por dos meses. José Ignacio Fúnez, otro de los investigados, fue liberado con “medidas de coerción personal de menor intensidad”.

Díaz Vélez no aceptó la competencia en cuanto a la malversación de caudales públicos provinciales. “La administración de los caudales públicos provinciales es responsabilidad de las autoridades provinciales, y el perjuicio afecta principalmente a la provincia. Es decir, que si bien la conexidad y complejidad del caso justifican una amplia investigación de competencia Federal, la autonomía del delito de malversación de caudales públicos provinciales y afectación al patrimonio local, permanezcan en la Justicia provincial respetando el principio del Juez natural y competencias entre fuero”, indicó el magistrado.

Por todo esto, Díaz Vélez terminó resolviendo: “Declarar la competencia de la Justicia Federal para entender en lo que respecta a la posible participación criminal de Roque Cayetano Giménez, Figueroa Sandra Beatriz (esposa del intendente Campos y legisladora provincial), Roldan José del Carmen, Barrionuevo Pablo Exequiel, Loru Albano José y Fúnez José Ignacio en los hechos de Lavado de Activos, Confabulación, Narcotráfico y Asociación ilícita”.

Ahora el fiscal Vehíls Ruiz deberá solicitar indagatorias y nuevas pruebas para avanzar en la causa.

La Gaceta

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