El actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta reconoció en el juicio, que se desarrolla contra integrantes de la fuerza que administra los establecimientos penitenciarios, presos y familiares por conformar una organización narcocriminal, que existieron beneficios para internos.

Enrique Torres declaró frente al Tribunal y allí expuso que existió una serie de irregularidades cometidas por personal penitenciario, ya señaladas por otros testigos en el proceso.

El funcionario que durante 2022 y 2023 se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario y confirmó que a mediados de 2023 se detectaron anomalías en los trámites vinculados al otorgamiento de beneficios a internos.

En ese marco, mencionó que los rumores apuntaban directamente a Francisco Bisceglia, funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como uno de los que otorgaba beneficios a los internos, entre las que se destacaban salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de elementos prohibidos -celulares, cargadores, comida, bebidas- y sustancias estupefacientes.

Al ser consultado sobre por qué no se realizó una investigación interna, Torres respondió que, debido a la inusual gravedad del caso, las limitaciones estructurales del propio sistema investigativo del Servicio Penitenciario y el hecho de que los involucrados seguían en funciones dentro de la unidad, “se optó por derivar el caso a un organismo judicial externo, con mayores garantías de imparcialidad y eficacia”.

Asimismo, sumó que hubo irregularidades como planillas de concepto y conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a los internos sobre sus trámites y expedientes incompletos o sin documentación respaldatoria.

Torres detalló que todos los internos cuentan con un sistema de evaluación interna en base a dos parámetros: conducta y concepto, ambos calificados del 1 (pésima) al 5 (muy buena).

El resultado de ese sistema permite que los presos obtengan beneficios y es por eso por lo que los jefes de pabellón son quienes informan al Consejo Correccional sobre el comportamiento.

Respecto al ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos al penal, Torres reconoció graves fallas en los controles y señaló que no cuentan con tecnología adecuada.

Sumado a eso, expuso que, aunque el personal está instruido sobre lo que está y no está permitido, las requisas no siempre son realizadas de forma exhaustiva y suelen ser más superficiales.

También se le preguntó acerca qué recorrido hacen los objetos que son incautados dentro de la cárcel: “No pueden quedar ni por un instante en la oficina del jefe de pabellón. Los elementos deben ser retirados por personal de la División Sumarios; no pueden permanecer en esa oficina”.

Esta consulta estuvo ligada a que, durante el allanamiento realizado en el penal en diciembre de 2023, en el cajón del escritorio del jefe de pabellón fueron encontradas varias “puntas” y cargadores.

Por último, respondió acerca de si los integrantes del Servicio Penitenciario pueden recibir dinero de familiares: “No, no está permitido”.

Luego prestaron declaración investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) que participaron en la investigación y en los allanamientos.

Ante los jueces detallaron cómo, mediante un exhaustivo entrecruzamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales, lograron identificar al interno Manuel Méndez como proveedor de sustancias dentro del penal, y a su madre, María Inés Méndez, como la persona que le proveía.

Por último, el oficial de UFINAR, Oscar Ruiz Córdoba, encargado de analizar las grabaciones de video en el Servicio Penitenciario, presentó un registro donde se observa a un jefe de pabellón, identificado como Castaño, ingresando con una bolsa blanca a través de los controles sin que esta sea inspeccionada. 

NA

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