Una fuente gubernamental, que no fue identificada, expresó: “Creemos que hubo venta de información”, indicando una supuesta filtración dentro de la Procuración del Tesoro, entidad responsable de los servicios jurídicos del Estado Nacional.

Según fuentes gubernamentales, en las últimas semanas surgió preocupación en la Procuración por la divulgación no autorizada de detalles sobre la estrategia judicial, lo que podría comprometer la posición de Argentina en litigios sensibles.

Santiago Castro Videla, actual Procurador del Tesoro, asumió su cargo por sugerencia del círculo cercano a Santiago Caputo. Aunque se presume la venta de información, el Gobierno ha optado por no confirmarlo públicamente para evitar generar más repercusión en el proceso. Tampoco se ha precisado qué tipo de archivos o datos podrían haberse filtrado, aunque se especula que la información podría haber llegado a fondos como Burford, que se beneficiarían de una derrota argentina en el litigio.

Tras estos eventos, Castro Videla disolverá varias áreas internas del organismo. Se anticipa un comunicado oficial que detallará las nuevas reestructuraciones. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que “El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”.

Esta situación se produce un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que volverá a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Un escrito de 10 páginas, presentado por el Gobierno estadounidense, afirmó que “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”.

El anuncio, firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, marca un nuevo episodio en la disputa legal iniciada en 2012.

El litigio se centra en la demanda de Burford Capital para adquirir el 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino. En 2023, Burford fue declarado principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación calificada como irregular.

La estrategia de Argentina busca sumar apoyos internacionales, promoviendo que otros países se presenten como amicus curiae ante la corte de apelaciones. Se ha mencionado una posible lista de aliados que incluiría a Uruguay, Paraguay y El Salvador en América, y a Italia, Francia y Alemania en Europa, aunque no hay confirmación oficial y la lista podría ampliarse. Esta coordinación involucra a la Cancillería, la Procuración del Tesoro y los estudios jurídicos externos contratados.

El apoyo de Estados Unidos no es una novedad. En octubre del año anterior, durante la presidencia de Joe Biden, el país norteamericano ya había sugerido a la jueza Preska desestimar la solicitud de Burford de las acciones de YPF. En esa ocasión, la presentación, firmada por Damian Williams, entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, argumentó que otorgar la orden de “turnover” de las acciones de YPF violaría las normas de inmunidad soberana y que los jueces estadounidenses carecen de competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros.

Pese a estos argumentos, la jueza Preska, identificada con el partido Republicano y de orientación conservadora, desestimó la recomendación y, hace 10 días, ordenó el traspaso de las acciones. Esta situación podría repetirse, ya que los jueces escuchan los planteos de los amicus curiae pero no siempre los adoptan. Un antecedente similar ocurrió con el fallecido Thomas Griesa, antecesor de Preska, en la causa de los holdouts durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, analizó en X que “la intervención del Gobierno de Estados Unidos en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”.

Diario Crónica

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