La relación del Gobierno nacional con los gobernadores ha llegado a un punto de inflexión. Debería haberle quedado claro a la Rosada la última semana; como sea, es el Congreso donde se lo harán notar, por si quedan dudas.

Tras un año y medio de colaborar con el Gobierno en todo lo que se les pidió, los mandatarios tomaron nota de que las promesas no se han cumplido y, lejos de ello, cada vez están más lejos de ver satisfechos sus deseos. El tiempo les juega en contra: tal vez a partir de diciembre les resulte más difícil accionar en defensa propia.

Saben también que el ajuste los tiene en la primera fila y no le queda claro a su electorado que buena parte del esfuerzo lo estén haciendo ellos.

Señales de reacción se advirtieron la última semana. Han puesto en la mira la Ley de Coparticipación, una de las demoras históricas que tiene la reforma de la Constitución del 94. Nunca como hasta ahora hubo coincidencia generalizada entre los 23 gobernadores y un jefe de Gobierno para avanzar sobre ella. Para conseguirlo, tienen que ponerse de acuerdo las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional; los gobernadores entre sí y las dos cámaras votarla. Salvo la primera condición, lo demás estaría alineándose.

Por lo pronto, lo que quieren cambiar son leyes puntuales que tienen que ver con el reparto de los fondos. Un caso patente es la ley que establece el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Un legislador nacional encolumnado en la oposición dialoguista fue claro ante este medio al señalar que el reparto es instantáneo: el 10% va a Nación y otro 10% a la provincia. El 80% restante se distribuye así: un porcentaje es para el FoNaVi, que se encarga de hacer viviendas; otro para el ENHOSA, que se encarga de hacer cloacas, agua potable, desagües en todo el país; otro a la Red Federal Vial, que construye rutas y hace su mantenimiento; y un porcentaje va a subsidiar el transporte público, pero queda prácticamente todo en el AMBA. Esto último suena como reproche, claro está.

Otra parte es para el ANSeS, y salvo ese porcentaje, nada del resto cumple en la actualidad con el destino previsto. El “no hay plata”, la cruzada contra la obra pública y la fidelidad irreductible al déficit cero hacen que la Nación se quede con el 90% de ese generoso impuesto que es de cobro instantáneo. “Si el Gobierno nacional no hace viviendas, ni las rutas, ni ninguna otra obra pública, y tenemos que ocuparnos nosotros, entonces lo que corresponde es que modificar la ley y redistribuir en la órbita de los que se deben encargar de esas funciones”, razonó el legislador nacional que trabaja en uno de los proyectos que se están poniendo en marcha para llevar a los recintos.

En este caso era un diputado nacional el interlocutor, pero el tema está avanzando con fuerza en la Cámara alta, que es el origen de toda norma que afecte la coparticipación.

El Senado estuvo particularmente activo la semana pasada, en contraste con lo que ha sido norma a lo largo de este año y medio de gestión mileísta. Los gobernadores han hecho allí cabeza de playa para los proyectos referidos a los fondos que les corresponden, pero también la oposición ha resuelto avanzar con los proyectos que tienen media sanción de Diputados y dormían allí hasta ahora el sueño de los justos. Las comisiones del Senado han sido siempre el cementerio de los elefantes para las leyes que no rechaza el Gobierno, sobre la base de que hubo un desencuentro serio inicial con Unión por la Patria que, molesto por considerar que les dieron menos lugares que los corresponden a pesar de ser casi el 47% de la Cámara, durante meses se resistió a integrar esas comisiones.

Ahora cambió la táctica y el martes pasado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social puso en aprietos a su presidenta, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero -una senadora del Pro más cercana a los libertarios que a Macri- y forzó el avance del dictamen referido a las leyes previsionales que vienen con media sanción de Diputados y desvelan al oficialismo.

Lo del jueves fue decididamente una embestida total de la oposición más dura en la Cámara alta, que formó una (casi) mayoría virtual entre los miembros de UP y los porteños Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri. Consiguieron dejar listas las tres medias sanciones votadas en la sesión del 4 de junio en Diputados: las previsionales y la emergencia en discapacidad. Fue de una manera poco ortodoxa y que puede ser objetada por el oficialismo ya que la Comisión de Presupuesto y Hacienda no había sido convocada oficialmente por su titular, el libertario Ezequiel Atauche, quien también es el jefe del bloque oficialista. Sin embargo la oposición se propone dirimir esta controversia el jueves que viene en el recinto.

Todo esto se da en una Cámara donde el Gobierno se siente muy incómodo pues, para empezar, no tiene diálogo con su presidenta, Victoria Villarruel, definitivamente expulsada del “paraíso oficialista”. Así, se dificulta establecer estrategias, por lo que resulta complicado definir qué puede llegar a suceder el jueves, si la sesión se concreta.

Es toda una curiosidad ver que en el horizonte aparezca una sesión al día siguiente de un feriado nacional que cae justo en el medio de la semana. Pero la oposición sabe que no puede darse el lujo de prescindir de ningún día, pues la próxima es la última de actividad legislativa. Después viene el receso, y entre eso, el cierre de listas y el inicio de la campaña electoral, el poder de fuego que le asiste a los bloques no oficialistas se va a diluir totalmente.

Lo mismo entendieron los diputados, cuyos emplazamientos votados son para este martes. Con larga experiencia legislativa, la diputada Margarita Stolbizer advirtió el miércoles en la sesión que, tratándose de una semana “compleja por las dificultades en los vuelos”, convenía fijar una fecha alternativa. “Es decir, si se puede cumplir con la firma del dictamen el día 10 de julio que así sea, pero sugiero que se estipule también el 17 de julio, porque si se cae en la primera fecha, no tenemos más dictamen”, alertó, pero la propuesta ya estaba hecha y no se la cambió.

Así las cosas, el martes en Diputados deberían avanzar los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, a juzgar por las mayoritarias votaciones que ambos temas tuvieron el miércoles pasado. Y también tienen la chance de cambiar diputados que tengan problemas con los vuelos, tratándose de comisiones. El jueves en cambio no hay modificaciones posibles y el esfuerzo correrá por cuenta de Unión por la Patria. Los dos senadores solidarios mencionados, de la UCR y el Pro, son como dijimos de CABA. El radical fueguino Pablo Daniel Blanco no falta nunca y podría ser el que complete el quórum.

Se trata de leyes que el presidente ya anticipó que vetará. Lo que no está garantizado ya para el Gobierno es el tercio que dos veces el año pasado funcionó para validar la decisión de Milei. Cosa que volvió a verificarse con más fuerza en la composición del quórum el miércoles en Diputados, con la incidencia clave de los gobernadores que esta vez, en su mayoría, le dieron la espalda al Gobierno libertario.

Parlamentario

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