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24 de junio de 2025

La Justicia imputó a una pareja por robar datos de una tarjeta a una abuela y hacer compras millonarias

Imagen ilustrativa

Se los acusa de haber sustraído datos de la tarjeta de crédito de una mujer y, con los mismos, efectuar diferentes gastos cuyo monto superó el millón de pesos. La víctima, una mujer de 85 años, es la madre del padrastro del chico.

Este lunes se realizó una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo de Diego Hevia, a los fines de formular cargos contra una joven de 24 años y su pareja de 22 residentes de la localidad de Santa Ana. Se los acusa de haber sustraído datos de la tarjeta de crédito de una mujer y, con los mismos, efectuar diferentes gastos cuyo monto superó el millón de pesos. La víctima, una mujer de 85 años, es la madre del padrastro del chico.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Juan José Ibáñez, expuso que las maniobras fueron realizadas entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Los acusados habrían hecho consumos por grandes sumas de dinero que incluyeron préstamos, pagos a cuentas desconocidas y compras por internet.

 “Aprovechándose de un vínculo familiar, los acusados obtuvieron los datos personales de la mujer, así como también la numeración, vencimiento y código de seguridad de la tarjeta crédito. Con dichos datos, efectuaron diferentes compras por medio de canales virtuales, causándole a la víctima un perjuicio patrimonial y económico”, sostuvo el representante del MPF, que imputó a ambos por el delito de defraudación por el uso de tarjeta de compra sin autorización, en calidad de coautores.

Entre las evidencias, Ibáñez mencionó que la señora mayor hizo la denuncia en mayo del año pasado, cuando notó que las cuotas con la entidad crediticia habían aumentado considerablemente en los últimos meses. Además, la mujer refirió que comenzó a sospechar de ambos cuando su hijo le comentó haber visto a la joven tomar fotos del plástico.

Por otro lado, la fiscalía requirió medidas de coerción de menor intensidad para los imputados para resguardar el proceso.

Todos los planteos fueron avalados por el juez interviniente.

 

 

 

 

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