La reforma incluiría un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorgará mayor autoridad a la cartera de Seguridad sobre el despliegue operativo, el control interno y las jerarquías de la PFA. También se prevé un rediseño de los mecanismos de ascenso, nuevos sistemas de auditoría y un esquema de conducción con mayor verticalidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer el perfil investigativo de la Policía Federal y reducir lo que considera zonas grises dentro de la cadena de mando. La intervención directa del Ministerio de Seguridad apunta a garantizar mayor disciplina interna y capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos.

El anuncio se da en un contexto de fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Milei y Bullrich por el accionar de las fuerzas de seguridad, especialmente ante protestas y manifestaciones sociales. Diversas organizaciones advirtieron sobre el uso excesivo de la fuerza y la represión durante operativos en la vía pública.

Más allá de la reforma policial, el presidente prepara una serie de nuevas medidas que incluirían recortes y cierres de organismos públicos. Según fuentes oficiales, se trata de pasos clave para avanzar con su programa de reestructuración del Estado antes del próximo recambio legislativo.

La polémica de la iniciativa: investigaciones y registros sin permiso judicial

El documento oficial plantea que la PFA tenga como función central “prevenir, detectar e investigar delitos federales y colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”, bajo la coordinación directa del Ministerio de Seguridad.

Uno de los ejes más sensibles de la reforma está vinculado al fortalecimiento de las tareas de inteligencia criminal. Según el texto, la PFA podrá realizar acciones conforme a la ley de Inteligencia vigente, pero también se habilita a la fuerza a realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales (como redes sociales y sitios web abiertos) sin necesidad de autorización judicial, lo que generó preocupación en sectores judiciales y de las propias fuerzas federales por el alcance discrecional de estas prácticas.

Además, el proyecto incluye disposiciones que podrían permitir detenciones sin orden judicial en casos donde una persona no acredite su identidad y existan “circunstancias debidamente fundadas” para presumir que podría haber cometido un delito. También se autoriza el registro de personas “dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, sin mayores precisiones, lo que suma inquietudes sobre posibles vulneraciones de derechos.

En el plano organizativo, se prevé la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que contará con tres subáreas clave: Agencias Federales de Investigación, Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico. El DFI operará bajo una estructura de superintendencias regionales y se anticipa una expansión de la PFA en el interior del país, con un incremento proyectado del 10% anual en la cantidad de agentes.

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