El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata inspeccionó el jueves pasado el Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense y la comisaría 2da y al día siguiente se constituyó en la comisaría 8va, en el marco del debate oral y público que desarrolla desde hace dos años para determinar la responsabilidad de quince acusados en crímenes de lesa humanidad cometidos contra 299 personas que permanecieron cautivas en esas sedes policiales de la capital provincial durante la última dictadura.

Las inspecciones judiciales se desarrollaron en el tramo final de la etapa probatoria del juicio que inició el 18 de mayo de 2023 para abordar los delitos cometidos en la sede del Cuerpo de Infantería policial, situado en la intersección de las avenidas 1 y 60, y de la comisaría 8va, ubicada en 8 y 74. Posteriormente, con el debate en marcha, se agregaron hechos perpetrados en la comisaría 2da de esa ciudad, en la avenida 38 entre 7 y 8. Los tres lugares continúan funcionando hoy como sedes policiales.

Las medidas fueron encabezadas por la jueza subrogante Karina Yabor -quien integra el tribunal junto a Andrés Basso y Ricardo Basílico- y contaron con la participación de las querellas y de la Unidad Fiscal de La Plata, integrada por el fiscal general coordinador Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

En las tres diligencias asistieron testigos sobrevivientes de esos centros clandestinos de detención. En la dependencia policial situada en 1 y 60, el predio más grande de los inspeccionados, intervinieron Eduardo Alberto Torres, Denise Picciola, Luis Guimarey, Beatriz Zulema Grasso y Luis Farina. A la comisaría 2da concurrieron María Inés Paleo y Washington Morote, mientras que Ricardo Victorino Molina y Adolfo Vicente Bergerot participaron en el procedimiento realizado en la comisaría 8va.

Según informó la Unidad Fiscal, las inspecciones permitieron reconocer muchos de los lugares aludidos por los testigos en el juicio. "Al ser acompañados por algunos de ellos, el acto pudo contar con su versión desde el mismo lugar donde vivenciaron los delitos de los que fueron víctimas", indicaron desde esa oficina.

Explicaron además que en el Cuerpo de Infantería se pudieron comprobar los dos accesos por las calles 1 y 115, y las zonas donde las víctimas eran confinadas. Añadieron que en algunos casos los y las testigos reconocieron detalles, como el techo o parte del piso, correspondientes a los lugares donde habían sido alojados.

Precisaron que en la Comisaría 2da el lugar se mantiene con pocas modificaciones, razón por la que los testigos pudieron reconocer el acceso a la edificación trasera por una escalera metálica que estaba en las mismas condiciones que en aquella época y el ingreso a una habitación y otra contigua donde habían sido torturados. Relataron que en la planta baja se recorrió una zona de calabozos que también funcionaron entonces como lugar clandestino de detención.

Finalmente, indicaron que, al día siguiente, en la Comisaría 8va la comitiva judicial recorrió en el primer piso la zona de calabozos, que fueron reconocidos por los testigos, quienes en el lugar recordaron vivencias.

Actualmente el debate tiene 15 acusados: 6 exmilitares del Regimiento de Infantería N°7, 3 exmilitares del Destacamento de Inteligencia 101, 3 expolicías bonaerenses y 2 civiles.

Los centros clandestinos de detención

De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes consignados en las acusaciones fiscales que describen los hechos en juzgamiento, en el Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense las víctimas fueron confinadas en cuadras y galpones. La mayoría fueron trabajadores y delegados sindicales de empresas de la zona secuestrados desde el momento inicial de la dictadura.

A lo largo de 1976, señala la pieza acusatoria respectiva, esas instalaciones funcionaron como ingreso al sistema represivo ilegal y como centro de tortura, para lo cual dependía del Regimiento de Infantería 7 del Ejército. La fiscalía llevó a juicio los casos de 193 víctimas que pasaron por esos lugares.

En tanto, la comisaría 8va de La Plata tuvo como "particularidad" haber sido "un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían [de otros CCDTyE], al blanqueo que se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas (con excepción de quienes fueron asesinados). En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la Comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales", precisó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio. Los presos y presas políticas aparecían consignadas en los libros policiales -que forman parte de la prueba documental- "a disposición del Área 113", nombre del ámbito territorial con el que el Ejército designaba a esa región del país. La fiscalía contabilizó 106 casos de personas que pasaron por la Comisaría 8va.

En tanto, sobre la comisaría 2da llegaron a juicio 11 casos de personas que estuvieron privadas ilegalmente de la libertad y que fueron sometidas a tomentos. De acuerdo con la acusación fiscal, el traslado de las víctimas a la seccional ocurrió después de sus secuestros en sus viviendas o luego de haber pasado por otros lugares de detención de similares características. Los y las sobrevivientes señalaron tanto la planta baja del inmueble -donde funcionaban las oficinas y tomaron contacto con detenidos "comunes", es decir, con conocimiento judicial- como en la planta alta del edificio, donde funcionaba la Delegación La Plata de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA), a la que -indicaron- eran conducidas para ser interrogadas mediante tortura.

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