El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°1 porteño condenó el 6 de junio pasado, en el marco de un juicio abreviado, a un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) por haberle sustraído a cuatro compañeros de la fuerza, entre ellos una amiga de su expareja, los datos de sus tarjetas de crédito y efectuar entre 2022 y 2024 al menos 51 compras online en comercios de perfumería, vestimenta y comida, entre otros rubros.

El tribunal -integrado unipersonalmente por el juez Luis Salas- consideró al oficial ayudante de la División Pericias Telefónicas de la PFA Tomás Agustín Álvarez Cabezas, de 23 años, como autor de los delitos de defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de crédito ajenas -reiterado en 51 oportunidades- e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Álvarez Cabezas fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el plazo de cuatro años para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 12.500 pesos, al tiempo que se le impuso, por el término de tres años, las obligaciones de fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), y abstenerse de contactar y/o acercarse a las víctimas, sus domicilios y lugares de trabajo.

En el proceso intervino la auxiliar fiscal Alejandra Dellagiustina, de la Fiscalía General N°1 ante los TOCC porteños, que encabeza el fiscal general Horacio Azzolin, quien también había realizado la investigación preliminar del caso como titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI).

La denuncia

La investigación se inició por una denuncia efectuada el 7 de junio de 2024 por una de las víctimas -una mujer policía que es amiga de la expareja del imputado- ante la División Delitos Tecnológicos de la PFA, que fue remitida a la UFECI.

En su presentación, la mujer, que también es miembro de la PFA, indicó que había advertido al menos doce compras fraudulentas realizadas en línea en mayo de 2024, con los datos de tres de sus tarjetas de crédito, pertenecientes a los Bancos Nación y Galicia.

Una damnificada fue de visita a la casa de su amiga, expareja del condenado, y dejó su mochila en la cocina del departamento. El policía aprovechó y se hizo de los datos de dos tarjetas del Banco Galicia y una del Banco Nación.

A partir de distintos reportes recibidos por las empresas o comercios donde se hicieron los gastos, la UFECI identificó a Álvarez Cabezas como sospechoso, ya que había cambiado el método de pago de su suscripción a un programa de descuentos de una cadena de cines usando los datos de una de las tarjetas de la víctima.

Dado que la víctima -en la División Delitos contra la Niñez- y el sospechoso -en la División Pericias Telefónicas- integraban la PFA, se dio intervención a la División Operaciones Judiciales (Asuntos Internos), que informó sobre la existencia de otra denuncia, del 6 de marzo de 2024, en la que otro oficial ayudante de la misma fuerza y perteneciente a la División Aplicaciones Técnicas de Video indicó haber sido víctima de siete maniobras fraudulentas con su tarjeta de crédito del Banco Nación, las cuales vio reflejadas en el home banking entre el 1°de enero y el 23 de febrero de 2024.

En virtud de ello, el 20 de agosto de 2024, el fiscal Azzolin formalizó la investigación, pidió unir ambos casos e impulsó una serie de medidas de prueba, y la causa recayó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, a cargo de Marcelo Ruilópez. A esa investigación también se acumuló la pesquisa que había iniciado la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, que encabeza Martín López Perrando, por el caso del segundo policía denunciante.

La investigación avanzó y así se identificaron un total de cuatro víctimas, todas pertenecientes a la PFA como el imputado. En base a las pruebas recabadas, el 25 de noviembre de 2024 el fiscal Ruilópez requirió la elevación a juicio del sumario seguido contra Álvarez Cabezas en orden al delito de defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de crédito ajenas reiterada en 51 oportunidades, y por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Las estafas a las cuatro víctimas

En su requerimiento, Ruilópez identificó como la primera víctima al oficial ayudante de la División Aplicaciones Técnicas de Video. Según la denuncia, en algún momento entre el 1° de enero y el 23 de febrero de 2024, el acusado ayudó a la víctima, durante una capacitación en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) del barrio porteño de Caballito, a cargar los datos de su tarjeta del Banco Nación en la aplicación para teléfonos celulares de la entidad bancaria. Según la acusación, habría sido en esa ocasión que Álvarez Cabezas se apoderó de los datos de la tarjeta de crédito de su compañero y efectuó, sin autorización, siete operaciones en línea entre el 23 de febrero y el 1° de marzo de 2024.

La segunda víctima mencionada en el requerimiento es la primera denunciante, es decir, la mujer policía amiga de la expareja de Álvarez Cabezas. El representante del MPF le atribuyó al policía haber efectuado con los datos de tres de sus tarjetas bancarias 21 operaciones en la web entre el 10 y el 28 de mayo de 2024.

Según la investigación de ese caso, el imputado accedió a las tarjetas de crédito el 8 de mayo de ese año, durante una visita de la víctima a la vivienda del barrio porteño de La Boca que el imputado compartía con su por entonces pareja. En aquella ocasión, la damnificada dejó su mochila en la cocina del departamento y, mientras charlaba con la entonces novia del hombre, este aprovechó y se hizo de los datos de dos tarjetas del Banco Galicia y una del Banco Nación.

El tercer caso es idéntico al primero, ya que la fiscalía le imputó al oficial haber defraudado a otro compañero también durante una capacitación en el IUPFA de Caballito, entre el 1° y el 8 de febrero de 2024. Este damnificado contó que, cuando regresó al aula luego de haber ido al baño, encontró su billetera con toda su documentación incluida su tarjeta de crédito del Banco Nación tirada sobre la computadora de Álvarez Cabezas, lo cual interpretó como “una broma entre compañeros”.

El fiscal le atribuyó al oficial de la División Pericias Telefónicas haber efectuado 12 compras en línea con esa tarjeta, entre el 8 y el 19 de febrero de 2024.

La cuarta y última víctima identificada en el requerimiento es un compañero del imputado de la Escuela de Cadetes de la PFA "Juan Ángel Pirker". El fiscal Ruilópez acusó a Álvarez Cabezas de haberse apropiado de los datos de tarjetas de crédito del damnificado entre el 1° de enero y el 29 de junio de 2022, y haber realizado once operaciones con una tarjeta del Banco Francés y dos del Banco Nación pertenecientes a la víctima, entre el 29 de junio de 2022 y el 4 de mayo de 2024.

Otro damnificado contó que hizo un curso con el policía y que un día, cuando regresó al aula luego de haber ido al baño, encontró su billetera con toda su documentación incluida su tarjeta de crédito del Banco Nación tirada sobre la computadora de su colega, lo cual interpretó entonces como “una broma entre compañeros”.

Finalmente, también se le imputó al policía haber incumplido los actos propios de su función de ayudante de la PFA, dado “que omitió adecuar su conducta pública y privada a normas éticas que estaba obligado a mantener en su condición de personal policial, como así también omitió la obligación esencial, con su propia conducta, de prevenir y reprimir la comisión de un delito”, tal como lo establece la Ley 21.965 para el Personal de la Policía Federal Argentina y el Decreto Ley 1866/83.

Juicio abreviado

En la audiencia celebrada el 28 de mayo pasado, la auxiliar fiscal Dellagiustina solicitó aplicar el procedimiento de juicio abreviado y que se le impusiera a Álvarez Cabezas la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el plazo de cuatro años para ejercer cargos públicos, el pago del máximo de la multa -12.500 pesos- y costas, por ser autor penalmente responsable de los delitos de defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de crédito ajenas reiterada en 51 oportunidades, y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

También requirió que se le impusieran, como reglas de conducta y por el término de tres años, la obligación de fijar domicilio y de someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), realizar doce horas mensuales de tareas comunitarias y la prohibición de contactar o acercarse a las víctimas.

El juez Salas hizo lugar al pedido y homologó el acuerdo de juicio abreviado, aunque exceptuó al imputado de la obligación de realizar tareas comunitarias, como lo había solicitado la representante del Ministerio Público Fiscal.

El magistrado tuvo “acreditado que Álvarez Cabezas de manera ilícita y aprovechándose de la relación de confianza que los unía con los damnificados, utilizó sus tarjetas de crédito sin su debida autorización” para efectuar compras de perfumes importados, vestimenta, entradas a espectáculos, combustible y deliveries de comida.

En cuanto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez indicó que el imputado tenía la “obligación de hacer cumplir la ley y reprimir cualquier delito que se le presentara. Sin embargo, se ha acreditado que su accionar fue completamente contrario a esta función, adoptando una conducta delictiva. No solo afectó los intereses patrimoniales de cuatro personas de su confianza, tres de las cuales conoció en el ámbito de la Escuela de Policía Federal, sino que también incumplió las normas que regulan su comportamiento”.

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