La expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Fernández de Kirchner decidió acelerar y volver a la arena política como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, en medio del enfrentamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y, también, rumores de que la Corte Suprema confirme su condena a prisión.

“Sí, sí. Ya lo había dicho en varias reuniones”, respondió lacónica la expresidenta, entrevistada este lunes por la noche por Gustavo Sylvestre, en C5N.

La dos veces expresidenta se expresó así cuando arrecia la disputa política con Kicillof, quien creó una agrupación propia -el Movimiento Derecho al Futuro- y cortó todo diálogo con la titular del PJ.

En consonancia, en las últimas horas corrieron fuertes rumores de que la Corte Suprema analiza confirmar el jueves a Fernández de Kirchner la condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado.

Fuentes judiciales explicaron a parlamentario.com que el tribunal resolvería dictar sentencia ahora, un mes y medio antes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires para la elección del 7 de septiembre, y no después ante la posibilidad latente de que ya sea candidata registrada en la Junta Electoral bonaerense.

“Si Cristina presenta candidatura y el fallo sale después, el revuelo va a ser mucho mayor y quizá da lugar a sospechas. Por eso podría salir este jueves”, agregaron las fuentes.

La Cámara Federal había confirmado en noviembre de 2024 la condena a 6 años de prisión dictada oportunamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2.

En el expediente, se investigó el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

En el juicio oral y público, el fiscal federal Diego Luciani había pedido una condena a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral la condenó a 6 años por fraude al Estado y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, dictó la inhabilitación perpetua de Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos.

En la causa, iniciada en 2016, se investigó si el empresario Lázaro Báez fue favorecido con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

El fiscal Luciani consideró tener pruebas suficientes de la culpabilidad de la actual titular del PJ como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo.

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