Por solicitud del Ministerio Fiscal, este viernes 23 de mayo, tuvo lugar una audiencia en la cual se formalizó la investigación, formularon cargos y se pidieron medidas cautelares en contra de un hombre acusado de estafar a otro en la compraventa de un automóvil. En la denuncia que efectuó la víctima el 1 de septiembre de 2023, puso en conocimiento que el 6 de noviembre de 2021 realizó una transacción comercial con una persona, con domicilio en la provincia de Salta, donde él entregó un Peugeot GTi 308 modelo 2013, 600 dólares y 80.000 pesos, y éste último le dio un Volkswagen Passat con toda la documentación correspondiente. 

De acuerdo con la teoría del caso de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Carlos Saltor, aquel 6 de noviembre de 2021 la víctima le compró ese Volkswagen Passat a un hombre; sin embargo, la titularidad era del imputado. El vendedor le entregó a la víctima el formulario 08 con certificación de la firma del titular para su efectiva registración. Entre el 20 de abril de 2022 y el 30 de marzo de 2023, el vehículo estuvo secuestrado en la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, siéndole entregado a la víctima el 30 de marzo de 2023. 

En ese momento, el damnificado se comunicó con el acusado contándole la situación y que no pudo realizar la transferencia por ese motivo, a lo que el imputado manifestó comprender y que no se preocupe, generándole confianza a la víctima. Es así que, el 18 de agosto del 2023, al pretender realizar la transferencia del auto a su nombre, advirtió que el 20 de abril del 2023 el acusado firmó un nuevo formulario 08 transfiriendo la titularidad del automóvil a un hombre sin estar en posesión del mismo y sabiendo que la víctima lo había adquirido y lo tenía en su poder. De este modo, el acusado, abusando de la confianza que había generado con la víctima, le produjo un perjuicio patrimonial.

La auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, le atribuyó al titular del vehículo ser presunto autor del delito de defraudación por abuso de confianza. Por otro lado, con el propósito de cautelar el proceso, la investigadora requirió que se dispongan medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses. Sin oposición de la defensa técnica, el juez interviniente hizo lugar a todo lo solicitado por el MPF.

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