Hungría se enfrenta a la ira de sus países miembros después de que el Parlamento del país aprobara una ley que prohíbe el desfile del Orgullo. Bruselas está estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno de Orbán.

La reacción política contra la nueva ley húngara que prohíbe la celebración pública de desfiles del Orgullo sigue intensificándose, y cada vez son más los países que denuncian la legislación como un ataque contra los derechos humanos y el derecho de reunión.

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, los llamados países del BENELUX, emitieron una declaración de condena leída el miércoles durante una reunión informal de ministros de Igualdad, según informaron varios diplomáticos a 'Euronews'.

"Estamos preocupados por las leyes aprobadas en Hungría que socavan los derechos LGTBIQ+ y restringen el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión", afirmaron.

"Respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, incluidas las personas LGTBIQ+, es inherente a formar parte de la familia europea. Es nuestra responsabilidad y compartida por los Estados miembros y las instituciones europeas".

Austria, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Lituania, Portugal, Eslovenia, España y Suecia apoyaron la declaración del BENELUX. Francia emitió por su cuenta un reproche "enérgico", indicó un diplomático, mientras que Grecia y Chipre se pronunciaron críticamente sobre los "recientes acontecimientos" en todo el bloque, utilizando un lenguaje amplio que no mencionaba a Hungría, pero que se entendía que se refería a la misma cuestión.

El rechazo se produce después de que el Parlamento húngaro aprobara una enmienda a la Constitución que codifica la ley que el partido gobernante aprobó por la vía rápida en marzo. Dicha ley prohibía los actos públicos que se consideraran contrarios a la Ley de Protección de la Infancia, que restringía fuertemente las representaciones de la homosexualidad y el cambio de sexo.

Los actos celebrados por la comunidad LGTBIQ+, como el desfile anual del Orgullo en Budapest, que atrae a miles de visitantes, quedaban prohibidos por la nueva ley. El texto permitirá a las autoridades utilizar herramientas de reconocimiento facial para identificar a las personas que organicen y asistan a actos prohibidos, lo que conllevará multas de hasta 200.000 forints húngaros (485 euros). Si no se pagan, las multas se recaudarán como impuestos.

Además, la enmienda constitucional aprobada el lunes declara que los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otro derecho fundamental (excepto el derecho a la vida) y reconoce dos sexos, masculino y femenino, lo que de hecho niega las identidades transexuales e intersexuales. La enmienda también permite a las autoridades suspender, en determinadas circunstancias, la doble nacionalidad de algunos nacionales húngaros.

Budapest frente a Bruselas

Los profundos cambios encajan en la agenda de Viktor Orbán. El autodenominado primer ministro "antiliberal" ha atacado repetidamente lo que denomina "ideología woke", introduciendo legislación dirigida a la comunidad LGTBIQ+, los inmigrantes y la sociedad civil.

"Estamos protegiendo el desarrollo de los niños, afirmando que una persona nace hombre o mujer, y manteniéndonos firmes contra las drogas y la injerencia extranjera", declaró tras la votación en el Parlamento. "En Hungría importa el sentido común".

Las polémicas iniciativas de Orbán han ahondado el abismo entre Budapest y Bruselas. A principios de esta semana, la Comisión Europea expresó su apoyo a la comunidad LGTBIQ+ y dijo que emprendería acciones legales "si fuera necesario" tras examinar la ley.

"Por el momento, tenemos que analizar los cambios (constitucionales) porque abarca varios temas y tenemos que estudiarlos muy detenidamente para poder verlos desde la perspectiva del derecho europeo", dijo un portavoz. El portavoz no facilitó un plazo para iniciar el procedimiento.

Además de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales, la prohibición del Orgullo también está siendo examinada por su posible incompatibilidad con la Ley de Inteligencia Artificial, que establece limitaciones estrictas a la forma en que las fuerzas de seguridad pueden utilizar el reconocimiento facial. De producirse una demanda, se sumaría a una serie de frentes abiertos.

La Ley de Protección de la Infancia, la ley de 2021 que sustenta la prohibición del Orgullo, ya es objeto de un litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) iniciado por la Comisión junto con 15 Estados miembros. (La lista de países que la apoyan es casi idéntica a la que respaldó la declaración del BENELUX en Varsovia).

Por otra parte, la Comisión ha demandado a Hungría por su controvertida "Ley de Soberanía Nacional" y le resta una multa diaria de un millón de euros impuesta por el TJUE por un incumplimiento "sin precedentes" de las normas de migración y asilo de la UE. La resta se aplica a la parte asignada a Hungría del presupuesto de la UE.

Al mismo tiempo, la adopción por Orbán de posturas favorables a Rusia ha enemistado tanto a la Comisión como a la mayoría de los Estados miembros. El mes pasado, Orbán fue el único dirigente que se negó a respaldar las conclusiones conjuntas sobre Ucrania. Sólo este año, Hungría ha amenazado dos veces con bloquear la renovación de las sanciones contra Rusia, lo que ha llevado a diplomáticos y funcionarios a plantearse un plan B por si se produce el veto a finales de julio.

Además, Hungría es el único país que se opone a la candidatura de adhesión de Ucrania, llegando incluso a lanzar una consulta pública al respecto. En las vallas publicitarias que promocionan la consulta aparece el rostro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Euronews

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