El veto al financiamiento de las universidades públicas firmado por el presidente Javier Milei generó un fuerte rechazo en diversos sectores, incluyendo a la Iglesia. A través de pronunciamientos de los equipos sociales diocesanos, los representantes eclesiásticos advierten sobre un "plan sistemático de empobrecimiento y represión” y reclaman la restitución del apoyo económico a las casas de altos estudios.

“Estamos frente a un plan sistemático de empobrecimiento de la Patria; plan que sólo se puede sostener con una violencia creciente de parte de las fuerzas represivas del Estado”, denuncian el Departamento de Pastoral Social, el Equipo de Justicia y Paz y la Vicaría de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.

“El veto a la ley de financiamiento universitario es, una vez más, otra muestra de que estamos frente a una planificación de la crueldad, la reedición de una transferencia brutal de ingresos a los sectores más concentrados de la economía”, aseguran en el escrito, que tiene el aval del obispo quilmeño Carlos Tissera.

La Pastoral Social y Cáritas de la Diócesis de Merlo-Moreno hacen una lectura similar de la decisión presidencial, al sostener que se trata de “dar los pasos necesarios en el camino que conduce al empobrecimiento de nuestro pueblo, a la concentración de la riqueza y a la realización de un plan de negocios”.

“Comprobamos que la única política desde arriba orientada hacia los de abajo es la represión”, plantean los organismos bajo el gobierno pastoral del obispo Juan José Chaparro y citan como ejemplo el allanamiento violento a la vivienda de la militante social Fernanda Miño, a quien definen como “una dirigente comprometida y ejemplar”.

Debate racional, respetuoso y plural

Más mediador fue el posicionamiento de la Mesa del Diálogo Santafesino, que, en una carta abierta, considera necesario "un debate racional, respetuoso y plural" para resolver la crisis educativa y, sobre todo, de la universidad pública.

Este espacio santafesino integrado por universidades públicas y privadas, referentes de los credos e instituciones religiosas y cámaras empresariales y del campo también reivindicó a la educación como herramienta para “garantizar la igualdad de oportunidades y fortalecer la inclusión social”.

Para fundamentar su postura, la Mesa citó una frase del fallecido referente indio Jawaharlal Nehru, quien afirmó: “Somos un país pobre como para darnos el lujo de no invertir en educación".

La educación y las políticas de ajuste

Los pronunciamientos eclesiásticos coinciden en subrayar que la reducción de los fondos destinados a la educación superior no solo afectará a los estudiantes, sino también a la movilidad social y al futuro del país; y se alinean con otras medidas de la administración libertaria que perjudican a los sectores más vulnerables, como el congelamiento del bono a jubilados.

En este contexto, los representantes eclesiásticos advierten sobre un modelo económico que busca reducir el déficit fiscal a expensas de los derechos de los más desfavorecidos, lo que genera tensiones sociales y alimenta un clima de represión.

Desigualdad en el acceso a la educación superior

La discusión sobre la composición de la población de estudiantes que provocó la afirmación de Milei en tanto a que la universidad pública "no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta” fue contrastada con un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA ODSA).

El informe, que abarca el período 2010-2023, determina que las diferencias en el acceso a la universidad son evidentes entre los jóvenes de 18 a 29 años de distintos estratos socioeconómicos, lo que confirma la necesidad de que el Estado no merme la inversión que ayuda a achicar la brecha de desigualdad.

Asimismo, revela que quienes provienen de hogares indigentes y pobres no indigentes enfrentan barreras significativas para acceder y completar sus estudios universitarios. Estas brechas también se observan según el estrato socioeconómico familiar.

El informe advierte que la situación reproduce desigualdades estructurales que, según la Iglesia, se agravan con los recortes presupuestarios.

“Solo ampliando y eficientizando el presupuesto se podrá garantizar la movilidad social y formar profesionales idóneos tan necesarios para el desarrollo de nuestro país”, concluye el estudio del ODSA UCA, a cargo de Ernesto Salvia.

“Un compromiso firme con la educación superior pública implica sostener el reclamo por la recomposición de su presupuesto, ya que la inversión en educación, ciencia y técnica es clave para el desarrollo. Sin embargo, la situación social también evidencia falencias en equidad, lo que debería centrar la discusión sobre la reforma del sistema”, plantea.

Letra P

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