“El gobernador, Osvaldo Jaldo, decidió que la Provincia también sea parte activa como querellante en la causa, porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”, aseveró la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, tras anunciar la presentación ante la fiscalía de instrucción por parte de la Fiscalía de Estado en la que el Estado exige la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por el robo de agua en Yerba Buena. 

“La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) descubrió que en Yerba Buena la mitad de la comunidad se había quedado sin agua toda, a raíz de que había una conexión clandestina que llevaba agua a un depósito de un propietario lindante con el acueducto, y eso formó una especie de reservorio de agua absolutamente contrario a la ley”, explicó la funcionaria.

Pedicone de Valls indicó, además, que la conducta “fue un salvajismo, porque pensar en una conexión ex profeso para atender un comercio de una explotación rural y que la persona no haya dimensionado que iba a dejar sin agua a toda una población es una situación de mucha gravedad”.

En esa línea, el Gobernador decidió que la Provincia también sea parte activa como querellante, “porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”, y en ese sentido el Estado “va a exigir la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por esta conducta reprochable del propietario del fundo donde se encontró el reservorio clandestino”.

En ese marco, la Fiscal de Estado se reunió esta mañana con los abogados de la SAT, con quienes diseñó una estrategia compartida y conjunta: “ellos hicieron lo que les toca, que es defender la tarea de la empresa, y la Provincia en el rol de cuidadora de los intereses de la sociedad, de una comunidad que se ha visto perjudicada”. Además, indicó que “no hay ninguna especulación de convertir esta inconducta en una obra de resarcimiento económico; si es que la hay, vendrá después de la sanción penal”.

Por último, Pedicone de Valls subrayó que el robo de agua “no es solo un hecho puntual que debe ser considerado por la justicia, sino un aviso de que la Provincia no va a dejar pasar estos actos”. Asimismo, remarcó que “a veces se interpreta que cuando la persona en infracción tiene cierto poder económico, hay una especie de tolerancia o de impunidad; y la verdad es que queremos mostrar que esa impunidad y esa tolerancia no existe. Vamos a buscar responsabilidades y vamos a pelear en los tribunales para que se hagan efectivas”.

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