En medio de una nueva disputa entre la Casa Rosada y la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, la Cámara alta tendrá una súper semana legislativa: mañana se definirá la presidencia de la comisión bicameral de inteligencia; el miércoles expondrá uno de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado federal, Ariel Lijo; y, un día después, el pleno decidirá en el recinto el destino del proyecto que mejora las jubilaciones, con un oficialismo que busca a toda costa modificarlo y devolverlo en segunda revisión a Diputados.

Desde las 16 horas de mañana, la bicameral encargada de supervisar los organismos de inteligencia fue convocada para votar a sus autoridades. La cumbre será a puertas cerradas: es la única comisión habilitada para hacer eso. A ello se suma un presupuesto reservado que sólo conocen sus integrantes. De un inicial acuerdo entre Villarruel y la oposición dialoguista quedó registrado, a inicios de año, el nombre del senador macrista Martín Goerling (Misiones) para encabezar la misma, que le corresponde este año a la Cámara alta.

Semanas atrás, un sector de la Casa Rosada instaló como opción al peronista disidente Edgardo Kueider. El entrerriano, de diálogo cordial con la mayoría de las bancadas, no pretende quedar en el medio de un conflicto y avisó que no tiene problemas en cuanto a manejar la bicameral. No obstante, el cristinismo senatorial no le perdona haberse separado del Frente de Todos en febrero de 2022, cuando se fue junto al correntino Carlos Espínola, con quien ahora conforman el espacio federal junto a la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti.

Martín Lousteau está cerca de encabezar la Bicameral de Inteligencia

Un tercer postulante tomó forma considerable desde el miércoles pasado, con un movimiento en plena sesión de Diputados que, con el correr de los días, creció. Apunta al senador radical Martín Lousteau. Es el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional y uno de los pocos que hizo algo de política este año, lo que generó dolores de cabeza al Gobierno.

La bicameral tiene 14 integrantes. Seis son kirchneristas. A Lousteau -días atrás reemplazó a la mendocina Mariana Juri- lo acompañará en esa comisión la diputada y dirigente de la UCR porteña, Mariela Coletta. Si los diputados y senadores del Frente de Todos se unen a ellos dos -pondrán su voto en el menos “conflictivo”, aunque utilizaron otra palabra para referirse a esta toma de postura-, cualquier discusión llegará a su fin. El oficialismo aún no pierde las esperanzas, pero es realista en cuanto al número.

Una vez saldada esa cuestión, el Senado realizará la primera audiencia pública para escuchar a uno de los dos candidatos que envió el Gobierno libertario para la Corte Suprema de Justicia, el juez federal Ariel Lijo. Una semana más tarde será el turno del segundo postulante, el catedrático Manuel García-Mansilla.

En tanto, para el jueves se espera la convocatoria a una sesión donde el pleno de la Cámara alta votará la iniciativa que mejora las jubilaciones, un proyecto aprobado en junio por Diputados y dilatado al máximo por el oficialismo para salvar a Javier Milei de un potencial veto, ya sea parcial o total, de una eventual ley. La Casa Rosada ayudó entre poco y nada a Villarruel -ni siquiera acepta un 8,1% retroactivo a enero para compensar los haberes previsionales-, aunque los libertarios confían en convencer a dialoguistas para cambiar el texto de la norma y devolverlo a la Cámara baja en segunda revisión.

Un misterio que quedó sin resolver aún, de cara a la sesión, es la incorporación al temario del proyecto que repudia lo ocurrido en Venezuela y sus elecciones fraudulentas. El oficialismo y dialoguistas firmaron un dictamen de mayoría; el kirchnerismo, de minoría, mucho más liviano y sin críticas al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, no se selló su aterrizaje en el recinto. También sobrevuela la situación del ex presidente Alberto Fernández y el expediente judicial a flor de piel por violencia de género contra Fabiola Yañez.

Boleta Única de Papel

Tras varias volteretas del Gobierno, el oficialismo senatorial -junto al equipo de trabajo de Villarruel- llegó a un nuevo preacuerdo en relación con esta ley, que sería modificada y devuelta a Diputados para que avance rápido con su sanción.

En resumen, durante las sesiones extraordinarias del verano pasado, la ley se trabó en la Cámara alta por un dictamen de minoría que apareció vía Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que reclama el sistema santafecino de papeletas por categoría y no el modelo cordobés, de boleta única para todos los cargos nacionales en puja. Esta última versión es la que apoyó su partido en la Cámara baja. Rápido de reflejos, el kirchnerismo se plegó a la rionegrina y dejó un potencial empate que no puede ser saldado -al tratarse de cuestión electoral, que requiere mayoría absoluta- por Villarruel.

Seis meses después, en medio del receso invernal que se autogestiona el Congreso -con anuencia de todos los bloques-, el oficialismo y un puñado de legisladores dialoguistas acercaron posiciones. Hubo un punto trascendental que lograron consensuar: la eliminación de la casilla para votar la “lista completa” que el proyecto contempla en la elección general, ya que no se prevé para las PASO.

La semana pasada, lo sugerido de la Casa Rosada borraba de un plumazo todo eso. La nueva versión del Ejecutivo no sólo planteaba sumar el casillero de lista completa también en las PASO, sino que además imponía la posibilidad de que un distrito adhiriera sus cargos provinciales y municipales a los nacionales. Es decir, una misma BUP para todo y una sola urna, algo que la iniciativa original permite sólo con papeletas y urnas separadas.

Después de una cumbre de dialoguistas con funcionarios de Interior, ocurrida el martes último, el oficialismo ofreció -una vez más- a silvestres provinciales claves la quita del casillero de “lista completa” de cualquier acto electoral, lo que acrecentó las expectativas de un eventual acercamiento.

Una muestra de ello es que mañana, desde las 11, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta se juntará para realizar “consideraciones y aportes” al orden del día relacionado con la BUP.

bieninformados

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