Este sábado se realizó una audiencia multipropósito en el marco de la causa que investiga la Tomás Emanuel Zamorano (20), muerteproducida este último jueves 8 de agosto en el asentamiento ARA San Juan, al sureste de San Miguel de Tucumán. En ese sentido, la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, formuló cargos en contra del único aprehendido, Facundo Emiliano Salazar (23), y pidió la medida cautelar de mayor intensidad (prisión preventiva).

En representación del fiscal participó su auxiliar María José Agüero, quien en primera instancia relató la teoría del caso del MPF. La misma indica que, alrededor de las 18:00 horas de aquel día, Zamorano estaba en su domicilio ubicado en Barrio Ampliación ARA San Juan, cuando allí se presentó Salazar conduciendo un automóvil Chevrolet Agile de color blanco. Ello en razón de que, momentos antes, Zamorano se había apoderado ilegítimamente del teléfono celular perteneciente al imputado.
Zamorano salió a la vereda y el imputado, con un arma de fuego que tenía en su poder, le realizó varios disparos con el claro propósito de causarle la muerte. Uno de los proyectiles le impactó en el brazo derecho, otro en la pierna derecha, uno en su rodilla izquierda y otro en el tórax, lesionando el corazón y el borde superior del hígado, causándole finalmente la muerte. En tanto que Salazar se dio a la fuga a bordo del auto.

“Extrema violencia”

Agüero le endilgó a Salazar la conducta legal calificada como presunto autor del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. A continuación, la investigadora mencionó las evidencias recolectadas hasta el momento, entre ellas: Registros fílmicos de cámaras de seguridad; testimonios de vecinos y familiares de la víctima, quienes escucharon varios disparos y vieron el auto; la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) con la toma de muestras al imputado, secuestro de su vestimenta, análisis de manchas pardo roijzas, secuestro de seis vainas servidas calibre 9 mm. y eñ automóvil en que se movilizaba el imputado.

“Ha sido un hecho cometido con extrema violencia, en la vía pública y con total impunidad, con el empleo de un arma de fuego. Hay que resaltar la cantidad de disparos que fueron efectuados hacia la víctima y que terminaron con su vida”, afirmó la funcionaria judicial, que solicitó que se imponga la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses al considerar la existencia de los riesgos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Asimismo, hizo referencia que es necesario ese tiempo para la producción y obtención de los resultados de las evidencias.

Luego de un cuarto intermedio, el juez resolvió rechazar el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y, en su lugar, aceptó la medida de coerción de menor intensidad sugerida por la defensa, es decir, el arresto domiciliario con rondas policiales diarias y el acatamiento de reglas de conducta.

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