Con el correr de los días aumenta la presión opositora contra el DNU 656/24, mediante el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. Tras el pronunciamiento del bloque radical, un conteo provisorio vislumbra una mayoría en la Cámara de Diputados capaz de votar el rechazo de la medida. Para que el decreto quede derogado, el escenario debería repetirse en el Senado, según lo establece la Ley 26.122. Esa norma también prevé los plazos de tratamiento en el Congreso, una vez enviado el DNU, hecho que ocurrió este jueves.

A la posición en contra de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, ambos sectores más duros contra el oficialismo, que también presentaron proyectos para dejar sin efecto el DNU 614 (por el que se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado), se sumaron distintos actores de la oposición dialoguista.

De los primeros proyectos presentados que proponen rechazar el DNU 656 se encuentra el de Margarita Stolbizer, que fue acompañada por seis de sus pares de Hacemos Coalición Federal: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.

Con el objetivo de declarar al DNU “nulo de nulidad absoluta e insanable”, la Coalición Cívica hizo lo propio. Los firmantes fueron todos los miembros del bloque: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

Luego de una reunión de bloque el pasado lunes, los 33 diputados de la UCR cerraron filas en torno al tema y exigieron el tratamiento “urgente” del DNU y la conformación de la Bicameral de Inteligencia. A través de un comunicado, los radicales cuestionaron la decisión del Gobierno de dotar a la nueva SIDE en “100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados”.

Si se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria -la primera minoría en la Cámara baja-, más los 7 diputados de Hacemos Coalición Federal firmantes del proyecto encabezado por Stolbizer, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y los 33 (actualmente) de la Unión Cívica Radical, los votos superarían a la mayoría de 129 que se necesitaría para votar el rechazo del DNU.

Por su parte, el escenario para La Libertad Avanza en el Senado ya se sabe más adverso, pues allí Unión por la Patria debería buscar cuatro votos más para alcanzar una mayoría. La Cámara alta ya cuenta con el antecedente del rechazo al DNU 70/23 de desregulación de la economía, en marzo pasado. No obstante, el mismo sigue vigente, porque nunca fue rechazado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

La Bicameral de Trámite Legislativo se reúne el próximo jueves 8

Ante las medidas unilaterales del Ejecutivo relacionadas a inteligencia, los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF), junto al senador Carlos “Camau” Espínola (UF), le enviaron una carta al presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), para que convoque de manera urgente a la comisión. En la misiva le recordaron que en febrero se acordó que iba a haber reuniones todos los jueves, sin embargo la bicameral no funciona desde el pasado 25 de abril. “Se está incumpliendo lo acordado”, señalaron.

En febrero, cuando por la presión en torno al DNU 70/23 el oficialismo puso en marcha la comisión que revisa los decretos del Gobierno, la Libertad Avanza y sus aliados enfatizaron que era necesario primero avanzar con todos los decretos que estuvieran pendientes de tratamiento.

Eso es algo que recordaron Monti, Massot y Espínola: “Adicionalmente al compromiso de reunir la comisión semanalmente se asumió la necesidad de llevar a cabo un plan de trabajo que persiga el avance del tratamiento de decretos pendientes de acuerdo a un criterio cronológico”. Sin embargo, consideraron que ahora “dicho plan se ha tornado una idea abstracta por el constante incumplimiento por parte de la presidencia de realizar las correspondientes convocatorias, lo que deriva en la necesidad de rediseñar la dinámica de selección de instrumentos legales a tratar”.

Durante dos reuniones que realizó en abril, la comisión dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria del próximo jueves 8 de agosto a las 14, donde el temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, que son los firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.

A partir del envío del DNU al Congreso, ocurrido este jueves, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras podrán abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto”, según el artículo 20 de la Ley 26.122. 

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