La oposición unida en la Cámara de Diputados aprobó en general en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, en lo que constituye una derrota legislativa para el oficialismo y desafía al presidente Javier Milei, quien ya advirtió que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal.

El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, pues inicialmente el de la mayoría (UP) había resultado rechazado por 135 votos, contra 99 positivos y 7 abstenciones. A continuación, y tras que quedara claro que existía un acuerdo previo por el que se había llegado a ese punto, el dictamen de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

Previamente se habían leído y aceptado los cambios a los artículos 4 y 10, que leyó el radical Lisandro Nieri, y que resultaban parte del acuerdo alcanzado con la bancada conducida por Germán Martínez. El artículo 10 subsanaba una diferencia existente entre los dos dictámenes, en referencia a la utilización del FGS para pagar deudas previsionales.

Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, el sector más duro (Unión por la Patria y la izquierda) y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.

Toda la oposición -incluso el Pro, que igual se mantuvo en sintonía con La Libertad Avanza- reunía consenso en torno a recomponer las jubilaciones de acuerdo con la inflación más alta del año, que fue la de enero con 20,6%. No conformes con el 12,5% en abril que el Gobierno estableció mediante su DNU, la iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva.

A la sesión se había llegado con cinco dictámenes de las comisiones. Si bien los textos de UP -despacho de mayoría- y los dialoguistas eran similares en los puntos centrales, la principal diferencia radicaba en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que el kirchnerismo no quería tocar, mientras los otros bloques proponían usarlo para cancelar deudas con las provincias por las cajas no transferidas y para pagar 82 mil sentencias firmes por juicios de reajuste. Quienes más insistían con esto eran los legisladores del oficialismo cordobés, que finalmente accedieron a cambios.

Durante el debate, desde la oposición dialoguista insistieron con la “responsabilidad” y “razonabilidad” fiscal de su propuesta, comparando con el costo de la propuesta inicial de UP (que pretendía una recomposición para alcanzar no el 20 sino el 30 por ciento), y mucho más con el dictamen de la izquierda (que planteaba el 82% móvil, entre otras cosas).

A propósito de la izquierda, se abstuvieron a la hora de votar, argumentando que “lo que se necesita es una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que reclama el Fondo Monetario”.

Quórum holgado

La sesión, que había sido pedida por el sector dialoguista, arrancó a las 11.25 del martes con la presencia de 140 diputados. Al quórum contribuyó el bloque de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. También estuvo el santacruceño José Luis Garrido.

Previsiblemente no bajaron al recinto en el comienzo los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el Pro, MID, los tucumanos de Independencia y los monobloques afines.

Para las 14 estaba citada otra sesión, que había solicitado UP, comandado por Germán Martínez. Previsiblemente, ante la extensión de la primera reunión, ésta se postergó. Hubo desde el bloque peronista/kirchnerista una intención de sumar los temas educativos -financiamiento universitario y FONID-, pero esto fracasó. Incluso, la UCR anunció que pidió una sesión para el 3 de julio. Sobre estos temas no se pudieron cerrar los acuerdos necesarios como sí finalmente sucedió en torno a jubilaciones.

El debate

Uno de los miembros informantes de Unión por la Patria fue el riojano Ricardo Herrera, quien aseguró: “Tenemos una enorme responsabilidad de revertir el error de seguir considerando y de considerar a los jubilados como variable de ajuste de este modelo económico. Es inadmisible que el éxito de este modelo dependa pura y exclusivamente del ajuste a los jubilados, los docentes, el cierre de organismos del Estado y el achicamiento de la planta estatal”.

“Acá lo que están en juego son dos miradas de cómo abordamos el tema de los jubilados: frente a este modelo del ‘sálvese quien pueda’, de la libertad de mercado, de una insensibilidad pocas veces vista, nosotros estamos en las antípodas de esto. Frente a esta ausencia del Estado, nosotros sí proponemos un Estado que intervenga, que regule inequidades y se haga cargo de los jubilados”, expresó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

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