Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este martes en el Senado la “ley bases”, pero aparecieron los primeros pedidos de modificaciones y se complica la firma del dictamen. Las críticas se focalizaron en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fue cuestionado por Unión por la Patria y el titular de la UCR, Martín Lousteau, y también sembró dudas en el PRO, bloque aliado a La Libertad Avanza.

El debate arrancó en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. En un abarrotado Salón Azul del Senado, respondieron preguntas el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y María Ibarzábal (Planeamiento Estratégico).

El tratamiento se reanudará este miércoles con los secretarios Julio Cordero (Trabajo) y Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía). El oficialismo apuntaba a dictaminar este jueves, pero el paro de la CGT, la demanda para citar a más invitados y los pedidos de cambios al texto aprobado en Diputados alterarían los planes.

Los senadores pusieron la lupa sobre el RIGI, el programa con el que el Gobierno busca promover inversiones en grandes sectores de la economía en todo el país, mediante incentivos fiscales para desembolsos que superen los 200 millones de dólares. Los senadores Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), Lousteau y Guadalupe Tagliaferri (PRO) coincidieron en las críticas.

Lousteau, uno de los senadores con voto decisivo, calificó el régimen como “excesivamente generoso”. Enumeró todos los beneficios que incluye en impuesto a las Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, impuesto PAIS, derechos de importación y exportación, entre otros. También advirtió sobre los riesgos para la recaudación al dar estabilidad por 30 años y por un supuesto perjuicio a la industria local.

En tanto, la kirchnerista Sagasti advirtió que “se violan las autonomías provinciales” porque el artículo 163 establece la nulidad de cualquier norma que restrinja lo establecido en el RIGI, con lo cual (según su interpretación) se podrían avasallar legislaciones locales, no solo en materia tributaria sino también medioambiental.

“La redacción de este artículo, más allá de las buenas intenciones, es inconstitucional y genera inseguridad jurídica. Va a generar el efecto contrario a atraer inversiones”, advirtió la mendocina. Los funcionarios descartaron las sospechas, pero Tagliaferri (PRO) tomó la palabra e insistió: “Si esa no es la voluntad del Gobierno, los invito a que modifiquemos el artículo, para que no quede margen de duda”.

Mientras transcurría el debate, senadores de Unión por la Patria recibieron en las oficinas del bloque a Héctor Daer, Carlos Acuña, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, de la CGT, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) para cerrar filas por la reforma laboral. La kirchnerista Juliana Di Tullio propuso citarlos a las comisiones.

El radicalismo, por su parte, tenía previsto recibir a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) para coordinar una estrategia conjunta, más allá de las primeras señales negativas por parte de Lousteau.

“ERRORES DE TIPEO” Y UNA VOTACIÓN EN DUDA

Horas antes del inicio del debate, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reveló que el texto que llegó a manos del Senado no es el mismo que aprobó la Cámara Baja. En una nota enviada al titular del cuerpo, Martín Menem, el santafesino dio a conocer cambios en al menos dos artículos, el 152 y el 171.

En el artículo 152, como parte de las modificaciones al marco regulatorio del gas natural, se cambió el término “autorización de exportación” por “permiso de exportación”.

También se modificó el artículo 171, referido a los requisitos y condiciones para ingresar al RIGI. En el texto aprobado en Diputados dice que “el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer diferentes montos mínimos por ‘sector o subsector productivo’ o por ‘etapa productiva’”, pero en la comunicación al Senado dice “sector productivo”.

Ante esta situación, Diputados envió al Senado una fe de erratas donde ratificó la versión de ambos artículos aprobada la semana pasada, pero los senadores de Unión por la Patria no quedaron conformes y sembraron dudas. “Cuando se cambia el sentido del texto no es una fe de erratas, es trampa”, alertó Di Tullio.

Mientras transcurría el debate, Menem publicó un extenso mensaje en redes sociales donde reivindicó la fe de erratas, le agradeció irónicamente a Martínez y denunció que Unión por la Patria “sobreactúa el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley, que no alteran en nada su espíritu y que son frecuentes en este tipo de normas tan extensas”.

La segunda advertencia que hizo Unión por la Patria es por el capítulo que establece un impuesto del 73% sobre el precio de venta de los cigarrillos. Según consta en el acta oficial de Diputados, este apartado fue incorporado a la “ley bases” con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones.

En el documento hay 12 diputados consignados como “ausentes” que en realidad estaban presentes pero, por falencias en el sistema electrónico, tuvieron que expresar su voto a viva voz. Pero además hay otros dos legisladores de Unión por la Patria por la provincia de Chaco, Aldo Leiva y María Luisa Chomiak, que aparecen en la columna de “afirmativos” cuando habían expresado, también de manera verbal, que se abstenían. Todos los casos están aclarados al pie de página, pero no en el cuerpo del acta ni en los números finales.

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