¿Actuó correctamente la fiscal de Violencia de Género, Carolina Mauri, cuando decidió archivar la investigación por un ataque a balazos que sufrió Gisela Fuentes de parte de su expareja Roberto Figueroa? Eso deberá definir la máxima autoridad del ministerio público de Neuquén, José Gerez. La funcionaria explicó en un informe sus valoraciones, que están atravesadas por lo que ocurrió dos años después: Figueroa irá a juicio por jurados, acusado del femicidio de Gisela para el que usó un revolver calibre 38.

El 26 de noviembre de 2021, a las 23, y de acuerdo a los registros policiales, Gisela escuchó que alguien pateó la puerta de su casa en Centenario. Cuando salió a ver, Figueroa ya estaba dentro. Tenía un arma con la que disparó. Ella declaró: “el estallido fue tan cerca de mi cara que me aturdió y caí al piso”. Estaba una de sus hijas y un amigo, al que también atacó con el arma. No hubo personas heridas.

De acuerdo al informe que Mauri le envió al fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, el 27 de noviembre a la madrugada la guardia recibió una llamada de la comisaría quinta de Centenario que comunicaba lo sucedido.

Señaló que fueron entrevistadas las tres personas, se convocó a Criminalística para que obtuviera evidencia física, se relevaron cámaras, se allanó la casa del denunciado y se le secuestró el auto. Lo que se investigaba era un abuso de armas.

La formulación de cargos, indicó Mauri, fue cancelada ya que no contaba «con la prueba material suficiente para sostener» la acusación.

Analizó el expediente que tramitaba en el juzgado de Familia. Desde el 7 de diciembre de 2021, que se había colocado la tobillera electrónica, no se produjeron acercamientos.

El 21 de marzo de 2022 Gisela fue entrevistada, para el control de las medidas cautelares, y contó que él no la había contactado. Relató que fue al Centro Ayutun del municipio de Centenario para pedir un turno con una psicóloga. Acudía, se “mostraba abierta a las intervenciones”, y estaba trabajando.

El punto crítico es cuando Mauri plantea que le remitió un oficio al Departamento de Criminalística de la Policía solicitándole el informe pericial sobre los elementos secuestrados. Se habían encontrado impactos de proyectil sobre las paredes y dos plomos deformados.

Finalmente la comisaría quinta precisó que el informe junto con la evidencia “había sido entregado por error en la Unidad Fiscal de Asignación de Casos”. Mauri nombra a la operadora que se contactó con esta área en reiteradas oportunidades y la respuesta es que “no había podido dar con este elemento”. Esto significa que se extravió dentro del mismo ministerio público.

En agosto de 2022, sin la prueba necesaria, la fiscal revisó nuevamente el expediente de Familia “a los fines de evitar re-victimizar a las mujeres, con sobre-intervenciones con el mismo fin”. Gisela hacía meses que no tenía vínculo con él, y no había requerido que se le renueven las medidas.

Sostuvo que a ese momento “no existía un riesgo concreto, real y efectivo”. Entendió que el archivo “era la decisión más conveniente” hasta la “obtención de la evidencia faltante”.

En el informe no se aclara si se inició algún sumario por lo ocurrido. El próximo paso es que el fiscal general, José Gerez, evalúe su desempeño, y el de la Unidad de la Asignación de Casos.

Por lo pronto el jueves pasado el juez de Garantías, Raúl Aufranc, dispuso que Figueroa sea juzgado por un jurado popular por el femicidio de Gisela. El 1 de octubre de 2023 la baleó a ella y también hirió al hombre que la acompañaba.

En la audiencia de control de acusación, el defensor Gustavo Palmieri anticipó algo de lo que será su teoría del caso. Dijo: «nosotros estamos en condiciones de demostrar que este nivel de violencia muy elevado era recíproco». Agregó: “no era provocada solamente por el señor Figueroa sino que en muchas ocasiones también era provocada por la señora Fuentes».

Entre 2017 y 2022 en todo el país se utilizaron armas de fuego en casi uno de cada cuatro femicidios, según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las víctimas conocían a los victimarios en casi nueve de cada diez casos. En casi uno de cada tres había antecedentes de violencia de género.

Juicio por jurados y prisión perpetua

Por las abrumadoras pruebas en su contra, la fiscalía acusó al imputado de homicidio triplemente calificado: por el uso de armas, por el vínculo y por femicidio. Y también de tentativa de homicidio doblemente calificado (hecho del que fue víctima Cabrera): por el uso de armas y para generar daño en una mujer con la que mantuvo una relación (el llamado femicidio transversal).

La pena es única, prisión perpetua, y el caso debe ir a juicio por jurados.

La fiscal del caso Lucrecia Sola fundamentó los peligros procesales, y pidió 8 meses de prisión preventiva. Mencionó, entre otros aspectos, la debida diligencia reforzada que debe imperar en el proceso porque la víctima fue una mujer.

En ese contexto fue que el defensor Macagno desempolvó el grave precedente del 2021. «En ese entonces no le importó la debida diligencia reforzada al Ministerio Público. Archivó el caso porque perdió los plomos», aseveró.

Solicitó la prisión domiciliaria para su defendido.

El juez Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos, e impuso prisión preventiva por 6 meses.

rionegro

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