La Justicia investiga el hogar de menores Siand (Servicio Integral al Niño Desamparado), ubicado en General Rodríguez, en Buenos Aires, después de varias denuncias graves que indican que los niños que allí vivían fueron objeto de maltrato y explotación infantil. Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires ya tomaron intervención en el instituto, pero hasta el momento no hay acusados.

De acuerdo con fuentes confiables, la Justicia ha apuntado a Alicia Hernández, la directora del lugar, su hermana Mirta y otros ex empleados. Desde 2019, se han registrado denuncias en las que han participado varios tribunales y fiscalías del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

En la actualidad, la fiscal Gabriela Urrutia, responsable de la UFI Nº 10, está llevando a cabo diversas acciones para determinar qué acusación se les imputaría a los presuntos implicados. Aún no se ha acusado formalmente a nadie en el expediente.

La fuente consultada por este medio informó: "Se investiga básicamente lo que pasó con los niños en los últimos dos años". Según ellos, es necesario llevar a cabo una gran cantidad de inspecciones debido a la alta probabilidad de explotación infantil.

Aunque se ha difundido ampliamente en los medios locales y nacionales, la causa, por involucrar a menores, se maneja actualmente con gran hermetismo. En algunos casos, con imágenes que registran los presuntos abusos y torturas que sufrieron los niños.

A finales de febrero, se reactivó el caso debido a dos denuncias presentadas en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez por parte de personas que se presentaron como testigos de los malos tratos a los menores. Lo hicieron sin revelar su identidad y de forma anónima.

La fiscal Alejandra Rodríguez recibió el expediente en la UFI Nº 9 y lo entregó inmediatamente a la Dirección de Niñez y Adolescencia (DNyA) del área, la Asesoría de Incapaces y un Juzgado de Familia. Mirta Guarino, quien es la magistrada del Juzgado de Garantías del Joven N°1, también intervino.

Las denuncias hablan de que a los chicos “los bañaban con agua fría” o “los metían a la pileta” para castigarlos. También que “los golpeaban en la espalda” y les daban comida en mal estado y medicación vencida.
La intervención de la otra fiscalía

De acuerdo con un comunicado oficial efectuado el 4 de abril por la propia UFI Nº 9, se citó a los dos nuevos denunciantes para que ampliaran sus dichos. Sin embargo, no se presentaron. En paralelo, a las hermanas Hernández se les prohibió acercarse al hogar, al menos mientras se lleva adelante la investigación. Desde Niñez y Adolescencia le informaron a la fiscal que se encontraban “abocados a escuchar y contener a los menores” que seguían en el orfanato.

Según la comunicación, el 1 de abril se hicieron presentes en el lugar varios de los denunciantes, acompañados por medios de televisión. “Ante esta circunstancia, se convocó de inmediato al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) y la DNyA para que concurrieran al lugar a corroborar lo que mostraban las cámaras. Además, se le ordenó a la Fiscalía que en simultáneo allanase el Siand.

El objetivo era corroborar si existía lo que en el informe televisivo se estaba denunciando. El resultado del operativo fue negativo y tanto el Organismo com la DNyA indicaron que los niños estaban en “buenas condiciones”. También se constató que las personas denunciadas no estaban en el lugar.

La UFI Nº 9 finalmente le tomó declaración testimonial a los denunciantes, quienes ratificaron sus acusaciones contra las autoridades y empleados del lugar. Los testigos en esa audiencia no le aportaron a la fiscal Rodríguez el material audiovisual que se observó en los canales de televisión.

Sin embargo, al ver que ya había otras denuncias en contra del hogar que tramitan desde antes en la UFI Nº10, la fiscal Rodriguez remitió su expediente a su colega para que continuara con la investigación. Ese mismo 4 de abril, el OPNyA comunicó que se dispuso la intervención del Hogar Convivencial SIAND de General Rodríguez, “con el objetivo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes allí alojados”.

“La medida se consensuó en una reunión interinstitucional de la que formaron parte el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el Municipio de General Rodríguez, los equipos competentes del OPNyA y operadores del Hogar”, precisaron las autoridades provinciales.

En ese sentido, el OPNyA dijo entonces que “se evalúa la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes con el propósito de proteger su integridad y sus derechos”. Además, hizo un recuento de las medidas que se tomaron desde que se tomó conocimiento de la denuncia radicada en la UFI Nº9.

“Se procede en principio a desvincular a las personas denunciadas y se solicitan las medidas protectorias pertinentes ante la Justicia”, dijo el Organismo, que además ratificó lo mismo que la fiscal Rodríguez: “No se encontraron señales de maltrato, ni presencia en el predio de la persona denunciada”.

La investigación sigue en marcha

Pero el caso no concluyó allí. A partir de ese momento se realizaron peritajes para saber qué pasaba. Según dijo otra fuente judicial con acceso a la causa, se pidió la reubicación de los chicos en otros hogares, aunque todavía hay algunos que permanecen en el Siand.

“Explotación infantil es lo que se está investigando, pero también otros delitos y otros imputados. Estamos a la espera de resultados de medidas ordenadas. Hay denuncias de diferentes personas que relatan maltratos en el hogar. actualmente el hogar está intervenido por el Servicio Local y el Servicio Zonal”, señaló la fuente consultada por Infobae.

Según dijo, la fiscal Urrutia cuenta material que documentaría los abusos que padecieron los chicos, además de testimonios de ex empleados que fueron testigos de los hechos. En un breve diálogo con este medio, la fiscal que tiene a su cargo la investigación dijo que está en etapa de recopilación de pruebas para poder definir cómo avanzar en el expediente. 

Infobae

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