El barrio privado “Las Pirámides”, que Próspero Marcelo Sosa construye en un predio ubicado dentro del parque Sierra de San Javier, propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán, fue allanado ayer por la Justicia Federal. El objetivo fue tomar fotografías aéreas del predio a través de drones; tomar registros fotográficos y audiovisuales y confeccionar un croquis del predio; realizar un relevamiento de las viviendas construidas y ocupadas y entrevistar a sus moradores.

El barrio se encuentra en el km. 28 de la ruta 338, en el sector sur del parque Sierra de San Javier.

La familia de Sosa vivió en ese lugar desde hace muchos, si bien se trata de un área del cerro que había sido expropiada y entregada a la Universidad en 1948. Sosa, que niega que la UNT tenga derechos sobre esa tierra, está en conflicto con la casa de altos estudios. Tras haber sido sobreseido en 2008 de la acusación de usurpación por falta de acción, comenzó con la formación del barrio privado. Eso fue advertido por la UNT en 2018, que inició otra acción judicial de reivindicación contra el ocupante, y en ese marco se logró una decisión de la Justicia que le ordenó a Sosa no seguir construyendo ni talar árboles ni abrir caminos, por tratarse de una zona que debe ser protegida ambientalmente. A la treintena de casas que había en 2018 se comprobó en 2023 que ya pasaban de 50 viviendas. La justicia además procesó a Sosa por desobediencia.

Como medida complementaria de esta última causa se llevó a cabo este operativo, ordenado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit,. Participaron en la medida la secretaria Julia Vitar y el prosecretario Alberto López Vallejo. Hubo 20 gendarmes y por la UNT asistieron el abogado Máximo Castro, el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, y los ingenieros agrimensores Julio Robles y Sebastián Canevaro.

Se utilizaron drones para sacar más de 200 fotos y hacer relevamiento del predio y se requirió a las personas que se encuentren dentro del predio que presenten toda la documentación que tuvieren en su poder referidas a compras de los terrenos. “Se determinó que siguieron las construcciones y que las que antes estaban en estado primario ahora estaban bastante avanzadas”, explicó Castro.

La Gaceta

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