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ARGENTINA

11 de abril de 2024

“Descansar en paz”: la película basada en un hecho real protagonizada por Joaquín Furiel

El estado argentino le pagó la indemnización por ser familiar de una víctima. La verdad resultó muy distinta. La demora en investigar la estafa por parte de la justicia y en qué terminó el pedido de extradición de la mujer

El 18 de julio de 1994, la AMIA sufrió el peor atentado de la historia argentina. Pocos días después que un coche bomba arrasara con el edificio de la mutual judía, ubicado en la calle Pasteur 633 de Buenos Aires, en el Juzgado Federal N°9 -que llevaba adelante la causa de la mano del magistrado Juan José Galeano-, la cifra de muertos quedó establecida en 86. Seis años más tarde, la investigación de un hecho insólito concluyó que, en realidad, las víctimas fatales habían sido 85. Lo que ocurrió podía ser parte del guión de una película. Y 30 años más tarde, sucedió.

Esta temporada, Netflix subió a su plataforma la película “Descansar en paz”, con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, Gabriel Goity y Lali González como protagonistas. Está escrita y dirigida por Sebastián Borenzstein, que basó su guión en el libro homónimo de Martín Baintrub. En el film, el protagonista, abrumado por deudas, un prestamista que lo atosiga y para no poner en riesgo a su familia, huye a Paraguay luego de quedar herido en el atentado a la AMIA. Su esposa, creyéndolo muerto, se presenta ante la justicia. Y si bien la trama toma luego otros carriles, el puntapié inicial del drama guarda cierta relación con la verdadera historia: tanto en la ficción como en la realidad, ambos “muertos” estaban vivos en el país vecino.

Cuando en 2019 Baintrub presentó su libro en Paraguay, señaló: “La literatura es circular porque la vida es circular. Una vez publicada la novela descubrí que en la Asociación Mutual AMIA había habido una víctima 86 que simuló su muerte y huyó a Paraguay... En la lista original de víctimas del Atentado de la AMIA figuraban 86 personas. Entre ellas Patricio Irala. Luego fue encontrado vivo en Paraguay”.

En rigor de verdad, la historia no sucedió exactamente como la recordaba Baintrub. Lo que sí es cierto, es que alguien aprovechó el caos que se tejía a la sombra trágica del atentado: Castorina Amarilla Estigarribia, la mujer de Patricio Irala (ambos paraguayos), cobró la indemnización que el Estado argentino estableció para los familiares de las víctimas de la AMIA: 55 mil pesos, o dólares en esa época.

Tomar ventaja de una tragedia

El horario de las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994 está incrustado en la memoria del horror argentino. La calle Pasteur estallada de vidrios y escombros, los cuerpos destrozados, los sobrevivientes heridos caminando como zombies, la agonía espantosa de los que aguardaron un milagro bajo toneladas de piedras, las sirenas, los gritos. Y después del horror, y hasta hoy, tres décadas sin justicia certera. Eso sí: con la memoria intacta y el reclamo urgente y a viva voz para conocer la verdad.

Al día siguiente de aquel lunes infernal, Castorina denunció que su esposo era uno de los choferes de la AMIA, que el 18 había comenzado a trabajar allí y que no había regresado a su casa. Y añadió algo más: que lo había contratado “un argentino judío que también había muerto” en el atentado. Para acreditar la veracidad de su testimonio, sólo le pidieron dos testigos, que consiguió. Según la primera historia que contó la mujer, a mediados de la década del 90 vivía junto a su marido en una villa de emergencia de la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

De inmediato tomó cartas el juez Galeano, sumó a Irala entre las víctimas fatales y lo anotó como “desaparecido” junto a León Knorpel, que fue dado por muerto en 1999, cuando pasaron cinco años del atentado. El 7 de agosto de 1995, Castorina cobró, de parte del Estado argentino, el monto establecido por la ley.

Durante años, Irala figuró en el listado oficial de muertos. Su nombre fue recordado por un árbol en el Corredor de la Memoria y por una placa. También figuraba en los murales donde se homenajeaba a las víctimas. En el libro “Sus nombres y sus rostros”, que editó la AMIA para mantener viva la memoria de los fallecidos, está su nombre, su nacionalidad (“Paraguayo”) y una breve reseña: “Se desconocen otros datos y las circunstancias por las que se hallaba en las inmediaciones de la AMIA”. Además, como no tenían su historia de vida como en otros casos, le dedicaron una poesía de Amir Guilboa: “Si me muestran un arbusto / y yo digo arbusto / ellos dicen arbusto / Si me muestran un árbol / y yo digo árbol / ellos dicen árbol / Pero si me muestran sangre / y yo digo sangre / ellos dicen color”.

El descubrimiento

Hasta el año 2000, Irala fue recordado como una víctima. Pero entonces llegó la verdad como un huracán y desbarató el castillo de naipes de Castorina. Luego del atentado, el jefe de seguridad de la AMIA, Aarón Edry, viajó a Israel. A su regreso, en 1999, cinco años después del atentado, fue llamado a declarar. Su testimonio fue contundente: dijo que la mutual judía no tenía choferes y que nunca trabajó allí alguien con el nombre de Patricio Irala. El juez Galeano, aunque tarde, comenzó a investigar al matrimonio. En principio, bajo dos hipótesis: o eran parte de los posibles organizadores locales del ataque, o los terroristas habían utilizado a Irala como un “conductor bobo”, haciéndose pasar por empleadores de la AMIA para que llevara el vehículo a su abominable destino.

Castorina, después de acreditar el dinero en su cuenta, había retornado a Paraguay. La justicia continuó averiguando. Cuando las primera líneas de investigación no dieron resultado, sospecharon del fraude. Todo se aclaró, según reveló la agencia estatal de noticias Télam en enero del año 2001, cuando la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal halló a Patricio Irala viviendo en Luque, un pueblo a 14 kilómetros de Asunción, donde trabajaba como panadero en una unidad del ejército del país vecino. Hacia allí viajó el propio titular de la Unidad, el comisario inspector Jorge Palacios, para tomarle declaración a la supuesta víctima.

El caso del falso muerto en el atentado a la AMIA tuvo repercusión mundial: aquí, un artículo del Texas Jewish Post

Irala, que tenía 48 años y seis hijos al ser descubierto, se desligó de la acusación y pudo acreditar que nunca se había movido de Paraguay. Cuando el caso tomó estado público, el hombre se descompensó y tuvo que ser internado por problemas cardíacos. Al parecer, cuando su esposa viajó a la Argentina en busca de trabajo se encontraban separados y toda la declaración de Castorina había sido mendaz. Según determinó además la justicia, la mujer fraguó las declaraciones de los testigos, de quienes habría conseguido la firma a través de un ardid en la cola de Migraciones a cambio de dinero: llorando, les dijo que era la única forma en que podía cobrar una pensión.

Castorina, al verse expuesta, habló desde Paraguay con radio Mitre de Argentina en abril de 2001. En su descargo, sostuvo que no era “una estafadora” y arguyó que, en realidad, el Patricio Irala que la Unidad Antiterrorista había localizado en Luque era un homónimo de otro hombre -su nueva pareja, aseguró- que había muerto en el “accidente” (SIC) de la AMIA: “Sólo Dios y la Virgen sabrán cómo aparecieron dos hombres con el mismo nombre. Yo corrí de un Patricio y fui a salir a otro Patricio. Lo que está pasando es todo una confusión”. Pero incurrió en contradicciones. En esta oportunidad, en lugar de chofer, señaló que el trabajo de su marido en la mutual judía era de albañil, colocando azulejos, y que se hallaba dentro del edificio cuando estallaron los explosivos. Y explicó que Irala no tenía más familia que ella, porque sus dos hermanas, así como su padre y su madre, habían fallecido anteriormente.

También por esos años habló Emma, su hija, quien aseguró que su padre jamás salió de Paraguay, pero que sí lo hizo su madre hacia nuestro país en busca de empleo porque debía levantar la hipoteca que pesaba sobre su casa.

Otra arista insólita del caso, según consignó el diario La Nación de Paraguay del 21 de abril de 2001, fue que el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional de ese país tenía en su base de datos a cinco hombres llamados Patricio Irala, y todos ellos nacidos un 17 de marzo de diferentes años. Tampoco es tan excepcional: como esa fecha honra a San Patricio, a muchos de los que vienen al mundo en ese día se los bautiza con ese nombre. El marido real de Castorina vio la luz en 1946.

Por supuesto, la justicia argentina no creyó en tamaña coincidencia. La causa por “defraudación en perjuicio de la Administración de Justicia” contra Castorina recayó en el Juzgado Nacional y Correccional N° 2, a cargo del juez Jorge Ballesteros. Fue embargada por 60 mil dólares y se pidió su presentación a indagatoria. Al ausentarse y constatar que se hallaba en Paraguay, el magistrado argentino solicitó su extradición a través de un exhorto fechado el 27 de febrero de 2002. En el mismo, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, señalaba: “el hecho por el cual se ordenó la declaración indagatoria de la nombrada consiste en haber cobrado ilícitamente la suma de $ 55.000 en virtud del subsidio otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 1216/94 a los familiares de las víctimas del atentado terrorista llevado a cabo sobre la AMIA en el año 1994. Para ello, Amarilla había solicitado dicho subsidio indicando que su esposo trabajaba en el edificio atacado y que el día del siniestro desapareció. A ese fin habría presentado copia del acta de su matrimonio con Patricio Irala de quien se encontraba separada. Asimismo, y conforme surge de la declaración testimonial prestada vía exhorto por el nombrado Irala, el mismo nunca estuvo en nuestro país”.

El 2 de septiembre de 2002, el exhorto fue rechazado por el Juez Penal de Garantías N° 4 de Paraguay, Marcos Köhn Gallardo. La decisión fue apelada por Ballesteros y la causa 1113 2.002 3547 pasó a la Corte Suprema del país vecino. En la sentencia final. dictada el 4 de octubre de 2002, los ministros de la Corte Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Wildo Rienzi Galeano, señalaron que Köhn Gallardo fundamentó su decisión en que “dado el modelo de conducta tipificado en la normativa paraguaya, la acción penal en relación al hecho punible por el que se solicita la extradición de Castorina Amarilla se encuentra prescripta”.

La Corte Suprema refirió que el artículo 116 del Código Penal paraguayo establece que “el derecho de acusar salvo excepción expresa, se prescribe:... a los dos años, cuando es de penitenciaría hasta 3 años, suspensión o destitución”. Y como entre el momento que Castorina cobró los 55 mil dólares (el 7 de agosto de 1995) y el que se comenzó la causa contra ella por estafa (27 de febrero de 2001) había superado el tiempo legal para accionar judicialmente, le dio la razón a Köhn Gallardo. Y fin del asunto. Castorina permaneció en Paraguay, disfrutando del dinero. Según medios de ese país, de los 55 mil dólares de la indemnización, ella se quedó con 35 mil. El resto, dijeron, se lo quitaron “los cerebros del caso, gestores y abogados porteños”.

Pasaron 22 años de la decisión judicial que dejó sin purgar su delito a Castorina. Patricio Irala tiene 78 años y vive en Luque. Cuando el escándalo se apaciguó, continuó trabajando en el Ejército, hasta que se jubiló hace 5 años. Su familia asegura que él no sabía nada. Y que Castorina nunca dijo qué sucedió con el dinero de la indemnización. Algunos familiares tomaron distancia por un tiempo, y aún no le perdonaron del todo lo que hizo. Hoy, Castorina se dedica a la política. Habría trabajado como contratada en el Congreso de la Nación hasta el año pasado.

Cuando se supo de la defraudación, la AMIA quitó el nombre de Patricio Irala de todos los recordatorios en memoria de las víctimas. El número de muertos quedó fijado en 85. Ni el árbol en su homenaje quedó en pie.

 

 

 

 

 

Fuente:infobae

 

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