El nuevo texto incluye 279 artículos con las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista en los puntos más polémicos, incluso algunos de los que se rechazaron durante el tratamiento en la Cámara de Diputados. El paquete fiscal incluye otros 101 artículos y se sumará la reforma laboral que presentará el radicalismo.

Fuentes de la oposición dialoguista adelantaron que hay acuerdo en líneas generales para la aprobación del texto, aunque persisten algunas diferencias que terminarán de saldarse durante el debate en las comisiones.

"De no mediar algún tipo de imprevisto, la Ley Bases se va a sancionar", adelantó este miércoles el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. "Vemos que las cosas se están llevando a cabo con mucho diálogo y predisposición para llegar a un acuerdo", destacó el peronista, que ya en el anterior debate aportó los votos de sus tres diputados.

Entre los puntos destacados, el nuevo proyecto establece la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año e informes mensuales al Congreso.

El Gobierno también pide vía libre para la "reforma del Estado" que habilita a la "reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias" de los organismos públicos, con excepción de las universidades, el Conicet y el INTA.

También se establece el nuevo listados de empresas públicas a privatizar total o parcialmente. En el primer grupo están Aerolíneas, Intercargo, Enarsa y los medios públicos. En el segundo aparecen Nucleoléctrica, el Banco Nación y las que integran su grupo, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Además, se podrán privatizar o concesionar Aysa, Correo Argentino, Sofse, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

En el capítulo fiscal se incluyen la restitución de Ganancias, modificaciones en Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria.

Respecto a Ganancias, el texto establece un piso de 1,2 millones como pretendía originalmente el gobierno, pero fuentes de la oposición adelantaron que es parte de un acuerdo para que en el debate en comisión los aliados impongan una suba del piso a 1,8 millones para solteros y 2,2 millones para casados con hijos.

Este número no es del todo compartido por la oposición dialoguista, ya que los gobernadores patagónicos quieren que el piso sea más alto. Además, el gobierno aceptó que la restitución no sea retroactiva.

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