Notas con sello mafioso, amenazas, balaceras, muertos, desembarco de fuerzas federales, conferencias de prensas, anuncios, endurecimiento de penas, método "Bukele", firma de convenio interprovincial, fotos para la prensa, denuncias a organismos de Derechos Humanos. Santa Fe vive en la convulsión de noticias y toma de medidas en torno al narcotráfico. La situación no es nueva, pero la decisión confesa del gobernador Maximilano Pullaro de dar batalla desde que asumió el año pasado, especialmente a los delincuentes que operan desde las cárceles, le eleva la tensión al conflicto de forma continua. 

Apenas tomó el poder, Pullaro trasladó a 13 narcotraficantes y sicarios a pabellones de alta seguridad. Desde el inicio quiso reorganizar y efectivizar la operatividad y funcionamiento de la policía y el servicio penitenciario, con el objetivo de “dar batalla sin cuartel al delito para recuperar la seguridad en las calles”, según expresó en declaraciones a la prensa. 

La intención de Pullaro con esa medida fue tener un mayor control de los reclusos y evitar la comisión de delitos desde los penales. Para esto resolvió que los presos de alto perfil hablaran con sus familiares y abogados a través de un blindex, no usen celulares y estén monitoreados las 24 horas, entre otros aspectos. La acción generó reacción y el delito se recrudeció. Aparecieron amenazas contra el gobernador, que tuvo que sacar a su familia de Rosario por miedo a represalias, y se sucedieron una secuencia de muertes a inocentes que conmocionaron al país. El problema se avivó y parece estar lejos de tener solución.

"Rosario sigue convulsionada. Amenazas por doquier, autoridades y funcionarios en otra sintonía. Impredecible hablar de futuro si no hay un viraje absoluto en el plan de gobierno. Triste. Duele", le dijo Guillermo, un médico pediatra rosarino, a MDZ. 

Todo parece indicar que Pullaro dio en el blanco con el diagnóstico, que el principal problema está en las cárceles y que esto enfureció a los delincuentes que aún detenidos continúan manejándolo todo. 

El mapa carcelario de Santa Fe

Desde el 2007, la población penitenciaria de las cárceles de la provincia de Santa Fe ha crecido paulatinamente, según la última estadística oficial sobre población penitenciaria publicada en diciembre de 2022. A esa fecha, la provincia tenía en los pabellones de sus cárceles un total de 7.722 internos entre condenados (5.052) y procesados (2.670) por diferentes delitos. 

Del total de estos detenidos, 304 son mujeres y 7410 son varones. Además, el informe revela que 276 tienen entre 18 y 20 años; 1220, entre 21 y 24 años; 3306, entre 25 y 34 años; 1780, entre 25 y 44 años; 716, entre 45 y 54 años; 312, entre 55 y 64 años; y 96, 65 ó más. De 16 detenidos no consta la edad.

La mayoría de los detenidos en Santa Fe, 7.676, son argentinos. También hay presos de nacionalidad boliviana (6), brasileña (2), chilena (4), paraguaya (18), uruguaya (1), peruana (6), colombiana (6), ecuatoriana (1), española (1) y nigeriana (1).

Entre los delitos cometidos con mayores menciones aparecen: robo y/o tentativa de robo (2.959); homicidios dolosos (1.679); violaciones / abuso sexual (1.178); delitos contra la seguridad pública (1.064); amenazas (709); Infracción a la ley N° 23.737, 619; y homicidios dolosos en grado de tentativa (452).

Santa Fe no le escapa al problema de sobrepoblación carcelaria. Sus penales tienen capacidad para 6.327 internos por lo que 1.395 no tienen lugar y esto da un exceso del 22%.

El Gobierno de Santa Fe incautó más 1.800 teléfonos en tres meses

El Gobierno de Santa Fe incautó más de 1.800 teléfonos celulares en distintos pabellones de las unidades penitenciarias de la provincia a partir de requisas realizadas en los últimos tres meses. Así lo informó un comunicado oficial, que destacó el monitoreo que viene haciendo el gobernador radical sobre este tema.

Según el Pullaro, “producto del control de las cárceles, y de la imposibilidad de comunicarse, hoy hay delitos que empiezan a bajar, fundamentalmente el robo y la extorsión".

Durante una visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, destacó que la decisión de llevar adelante estas requisas “se tomó en un marco de mucha violencia y criminalidad; y de muchos delitos que, se probaron, se cometían desde la cárcel, con teléfonos celulares". 

Fuente:mdz

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