A través de un comunicado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) repudió el ataque por odio a la identidad de género de Lucas, el joven de 24 años que fue agredido sexualmente el pasado miércoles cuando regresaba a su casa. Ante la falta de respuestas de la policía que no tomó el caso completo, denunció lo que le pasó en las redes.

El organismo dirigido en Tucumán por Ramiro Granado manifestó su preocupación por "el aumento de casos de homofobia y transfobia en la provincia y la falta de asistencia en las comisarías, según la declaración de las víctimas de estos casos". En este sentido, destacan que existe una "constante referida a la falta de calificación desde el inicio de los procesos de investigación y posterior judicialización, lo cual lleva a sumar los casos a simples, sin que pueda visibilizarse el móvil discriminatorio de los ataques", por lo que solicitan una audiencia con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Clauido Maley.

Comunicado:

Desde INADI delegación Tucumán manifestamos nuestro repudio ante los hechos de homofobia trascendidos en medios de comunicación, donde Lucas de 24 años, un chico trans, fue víctima del odio y de la violencia el pasado 1 de mayo. Camino a su casa tres delincuentes lo interceptaron a un par de cuadras de su hogar. 

Primero le robaron y luego, al darse cuenta de que es un chico trans, lo violaron con una rama, expresa su declaración. No recuerda qué siguió después. Ante la falta de respuestas de la policía que no tomó el caso completo, denunció lo que le pasó en las redes sociales.

Nos pusimos a disposición de la víctima, aun no logramos comunicarnos con él, lo reiteramos por este medio.

Desde la delegación solicitamos una audiencia con el Ministro de Seguridad  Claudio Maley, puesto que nos preocupa y ocupa el aumento de casos de homofobia y transfobia en la provincia y la falta de asistencia en las comisarias, según la declaración de las víctimas de estos casos.

Resulta de suma importancia alertar sobre los delitos de odio, cuya constante es la falta de calificación desde el inicio de los procesos de investigación y posterior judicialización, lo cual lleva a sumar los casos a simples, sin que pueda visibilizarse el móvil discriminatorio de los ataques (odio por orientación sexual).

En ese sentido, es necesario impulsar acciones tendientes a mejorar el acceso sin discriminación a las comisarias y a la justicia de la población LGBTI así como impulsar calificaciones penales que visibilicen y garanticen la protección de este colectivo históricamente vulnerado. Siempre desde el trabajo conjunto y articulado desde todas las esferas del Estado.